Ex secretario de AMET fue denunciado por violencia en Coronel Moldes

Trascendió una denuncia hecha en el municipio de Coronel Moldes, contra Vidal Eloy Alcalá, exsecretario general del gremio docente AMET y actual administrador de un camping privado en el Dique Cabra Corral, quien fue señalado por una funcionaria municipal tras un violento episodio que habría ocurrido el pasado 6 de mayo en la oficina de Bromatología.

Según el diario El Tribuno, los hechos se desencadenaron cuando Alcalá ingresó de forma violenta a la oficina, demandando a gritos la habilitación inmediata de su negocio. La empleada Rosa Poso fue la primera en intentar atenderlo, enfrentándose a una actitud "prepotente y agresiva". La situación se agravó con la intervención de Amalia Álvarez, jefa del área, quien buscó contener el conflicto y proteger a su compañera de trabajo.

La denunciante relató al medio citado las agresiones verbales sufridas. "Sos una inútil, sinvergüenza y vividora", le espetó Alcalá, para luego acercársele de forma intimidante y sentenciar: "No porque seas mujer te tengo que respetar". En un acto de valentía, la funcionaria respondió: "No porque seas hombre te voy a tener miedo", a lo que Alcalá replicó: "Vos no sabés quién soy yo. Yo te voy a hacer echar. Voy a hablar con el Intendente y con el Secretario de Gobierno".

El Juzgado de Violencia Familiar y de Género 2da Nominación actuó ante la denuncia, enmarcada en la Ley Nacional 26.485, que protege a las mujeres contra todo tipo de violencia en el ámbito público y laboral. La resolución judicial intima a Alcalá a abstenerse de cualquier acto de violencia, ordena medidas de protección para las trabajadoras involucradas y exige una evaluación psicológica del acusado, bajo advertencia de desobediencia judicial.

Amalia Álvarez, la víctima directa del episodio, confesó haber sentido un profundo temor. "Se me puso frente a frente, me miraba de una forma muy agresiva, tuve miedo que me pegara, fue muy intimidatorio", aseguró al matutino. El diario destaca que Alcalá, lejos de ser un ciudadano común, utilizó su pasado sindical y sus presuntos contactos provinciales para "intentar imponer miedo y subordinación a dos mujeres funcionarias públicas que simplemente cumplían con su trabajo".

 La situación, que casi escala a agresión física, se habría originado por una supuesta exigencia de habilitación de su emprendimiento.