Una oferta laboral que terminó en una causa narco, el calvario de dos salteños en Nordelta

Lo que comenzó como una oportunidad de trabajo terminó convirtiéndose en una historia digna de una serie narco. Cristian Sajama y Óscar Quipildor, dos trabajadores de Rosario de Lerma, viajaron a Buenos Aires convencidos de que habían conseguido un empleo estable en uno de los complejos más exclusivos del país. Les prometieron obras grandes, un sueldo fijo y proyección laboral. Nada era cierto.

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Al llegar al proyecto Delta Center, en pleno Nordelta, descubrieron la verdad: eran mano de obra descartable, alojada en un subsuelo sin ventilación, con camas improvisadas sobre tachos de pintura y un solo baño químico para 40 personas. Las jornadas laborales rozaban la explotación extrema.

Pero la situación era mucho más grave que un caso de abuso laboral. La investigación judicial reveló que detrás de la obra estaba una estructura vinculada al lavado de dinero y al narcotráfico, en expedientes donde aparece un nombre que resuena fuerte: Antonio Yepes Gaviria, señalado en causas federales como líder de una red delictiva. Los salteños no estaban en un simple campamento obrero: estaban en el centro operativo de una organización criminal.

El 2 de diciembre de 2024, la Justicia federal allanó el lugar. Encontraron exactamente lo que se temía: armas, documentación falsa, millones en efectivo y decenas de trabajadores viviendo en condiciones infrahumanas. Entre ellos, los dos rosarinos.

Cristian Sajama fue detenido como si fuera parte de la organización. “Yo solo vine a trabajar”, repitió una y otra vez. Pasó meses intentando demostrar que era víctima, no cómplice.

Óscar Quipildor no fue detenido, pero quedó involucrado en la causa como si hubiese colaborado con la red. 

“Nos usaron. Y cuando explotó todo, nos tiraron como basura”

Hoy ambos luchan para que la Justicia los reconozca como víctimas de trata laboral, con derechos a salarios, horas extras no pagadas, indemnización y una reparación moral que, aunque mínima, sería el primer paso hacia alguna forma de justicia.

Mientras tanto, las empresas involucradas insisten en que el expediente debe resolverse en Buenos Aires. Los abogados de los trabajadores sostienen lo contrario: el engaño comenzó en Rosario de Lerma, donde fueron captados con falsas promesas. Desde allí empezó el camino que los llevó al infierno.