Padrón inflado en Aguas Blancas: La Justicia apunta a maniobras políticas y cobro de subsidios

Mientras la justicia federal trabaja para ubicar a 2.864 electores registrados irregularmente, la hipótesis se centra en dos variantes: el pago de dinero para presentarse a votar o la obtención del DNI para acceder a beneficios sociales.

Desde su primera elección, el 17 de mayo de 2015, Aguas Blancas pasó de 3.286 votantes a 5.454 en octubre de 2023 y luego, en abril de este año, el registro de vecino en esa localidad creció a 5.736, o sea, que, en un lapso de diez años, se sumaron 2.450 electores.

Con mayor precisión, uno de los informes que llegó a manos del fiscal federal, Ricardo Toranzos, quien investiga el crecimiento irregular del padrón electoral de esa localidad, revela que, en mayo de 2015, los votantes era 3.286, mientras que, a los 2 años, en julio de 2019, pasó a 4.580.

Aquí se advierte un crecimiento de más de mil electores en dos años. Dos años después, en septiembre del 2021, en tanto, los votantes pasaron a ser 4.966 y en octubre, ya de 2023, aumentó a 5.454, lo que deja en evidencia que, en los años electorales, el crecimiento es mayor.

El crecimiento del padrón electoral no serían del todo llamativos de no ser por la cantidad de habitantes establecida en el censo del año 2022, de 3.648, lo que deja en evidencia, con un simple cálculo, un excedente de 2.088, número que creció aún más en los últimos tres años.

En concreto, y después del 9 de septiembre pasado, cuando el fiscal Toranzos impulsó una redada documentológica en el municipio que, entre otros recursos, incluso numerosos policías, movilidad y hasta un dron, el número de personas que estarían registradas irregularmente sería de 2.864.

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Los electores “de más” ya estarían identificados, pero se desconoce su paradero todavía, pues nadie sabe con precisión dónde viven, ya que al registrarse solo dieron menciones estimativas de sus domicilios, por lo general solo el nombre de la calle y el latiguillo que se repite en casi todos los casos: “sin número”.

El registro civil local aceptó asentar a los pobladores debido a que muchas calles aún no tenían nombres y mucho menos numeración, siendo este el flanco del que se aprovecharon para ejecutar esta maniobra, cuyo objetivo principal sería la obtención de un DNI argentino para luego gestionar la obtención de algún subsidio.

En otro rango más abajo en el abanico de motivos, se encuentra la teoría de que el registro irregular de votantes se trataría de una maniobra de neto corte electoral, lo que podría explicar por qué el número de votantes crecía en los años de elecciones.

Sea cuál fuera el móvil, la fiscalía federal busca identificar a esos votantes que, por ahora, tienen un status de “fantasmas”, pues nadie los encuentra, aunque están registrado. Ya fueron a verificar sus domicilios sin éxito y el municipio los convocó a regularizar sus datos filiatorios, pero tampoco hubo resultado.