Según Clarín, López Viñals podría ocupar el lugar de Gils Carbó

Hace diez días, desde la Casa Rosada llamaron a dos de los candidatos a ocupar la Procuración General si la kirchnerista Alejandra Gils Carbó finalmente es desplazada del cargo. Les avisaron que estén atentos porque esa iniciativa, varias veces frenada, se había vuelto a mover. El momento, por cierto, es poco elegante. Gils Carbó viene de dictaminar contra el Gobierno y a favor de la anulación total del aumento de las tarifas del gas. La Corte Suprema votó el jueves por una anulación parcial del tarifazo, pero lo hizo sin tomar en cuenta el dictamen de la Procuradora y hasta cuestionó alguno de sus aspectos. Pero aún a riesgo de que pueda verse como una venganza por esa opinión adversa, la Casa Rosada está decidida a seguir adelante.

Hace ocho meses, con la llegada del nuevo gobierno, Ricardo Echegaray tuvo que dejar su trinchera inexpugnable en la AFIP, Alejandro Vanoli se fue de la presidencia del Banco Central y Oscar Parrilli abandonó la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia. Son tres de los cuatro lugares estratégicos en el esquema del poder que Cristina Kirchner les dejó sembrados con propia tropa a Mauricio Macri para entorpecerle la gestión, tratando de ampararlos en la vigencia extendida de sus mandatos.

Echegaray está procesado y ni siquiera pudo resistir en la Auditoría General de la Nación. Vanoli también está bajo doble procesamiento. Parrilli fue llamado a indagatoria en la Justicia. Pero la cuarta pieza se mantiene activa y constante: es Gils Carbó, jefa de todos los fiscales.

El Gobierno apeló a cuanto estuvo a su alcance para conseguir que la procuradora diera el paso al costado y dejase libre el último de esos casilleros clave. Pero Gils Carbó resistió y resiste. Tiene capacidad técnica y espesor político. Trabaja al comando de un batallón de fiscales que el kirchnerismo diseminó en toda la estructura judicial cuando armó su plan de retirada. Hoy su cargo es vitalicio. Y no se va a ir porque se lo pidan. El plan, entonces, es echarla.

Para promover el cambio es indispensable la acción del Congreso. Allí el Gobierno es minoría y depende del acuerdo con fuerzas de la oposición. Lo nuevo es que después de varios meses, según fuentes oficiales, finalmente se habría destrabado ese acuerdo y podría votarse la demorada reforma del Ministerio Público. Es un proyecto de ley que acota las atribuciones del procurador y abre paso a la remoción de Gils Carbó a partir de la acción de una comisión bicameral que encabezaría la diputada Graciela Camaño, del Frente Renovador que lidera Sergio Massa.

Un dictamen acusatorio de la comisión bicameral respaldado por dos tercios del Senado podría consagrar el desplazamiento del procurador. Ese sería el mecanismo legal pensado para sacar a Gils Carbó de su sillón. Los dos tercios del Senado serían garantizados por el bloque peronista que conduce Miguel Pichetto. Esa mayoría especial de votos ya fue alcanzada con holgura para nombrar en la Corte Suprema a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz, ambos propuestos por Macri y resistidos por Cristina y sus menguados representantes parlamentarios.

La comisión bicameral estaba contemplada en la ley orgánica del Ministerio Público, votada hace 18 años como derivación de la Reforma Constitucional de 1994. Pero nunca se constituyó. Ahora, por pedido del ministro de Justicia, Germán Garavano, la aprobaron las dos cámaras del Congreso. Lo que falta es designar a sus 16 integrantes, ocho senadores y otros tantos diputados. Hay todavía un obstáculo: las diferencias entre sectores de oposición acerca de quiénes tendrán un lugar en esa bicameral.

En las negociaciones intervinieron el titular de Diputados, Emilio Monzó, pieza fundamental del oficialismo en el Parlamento, junto a Massa, Pichetto y el senador peronista salteño Rodolfo Urtubey. También el radical Ernesto Sanz, influyente asesor de Macri; el diputado Fernando Sánchez, del sector de Elisa Carrió, y el senador macrista Federico Pinedo.

Los avances negociadores se frenaron cuando Carrió consideró demasiado tibias las reformas propuestas y, a fines de junio, pidió el juicio político de Gils Carbó por “mal desempeño” y “delitos en el ejercicio de la función pública”. Carrió nunca se queda corta con las palabras.

El jefe radical en Diputados, Mario Negri, apoyó la iniciativa. Siempre hay algo de ruido en la interna de Cambiemos.

Carrió escribió en su pedido de juicio político que Gils Carbó designó a fiscales de manera ilegal y fue parcial en investigaciones que afectan a jerarcas del kirchnerismo. La acusó de haberlos encubierto y de entorpecer las causas en las que estaban involucrados. Será un antecedente fuerte para la comisión bicameral.

La nueva ley establecerá que el tiempo de mandato del procurador será de cinco años, con posibilidad de una única renovación. Gils Carbó está a punto de cumplir cuatro: fue nombrada el 29 de agosto de 2012. Sucedió en el cargo a Esteban Righi, un histórico del peronismo, malamente despedido por Cristina por no haber bloqueado las investigaciones contra el entonces vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone.

Fuentes del Gobierno estiman que Gils Carbó podría no completar el mandato de cinco años, a fines de agosto de 2017. Esperan que si el acuerdo político consagra la ley, el proceso de remoción se complete hacia finales de este año. Y no descartan que entonces ella pueda anticipar por voluntad propia su salida. Parece un exceso de optimismo.

A comienzos del mes pasado, el periodista Carlos Galván informó en Clarín acerca del avance legislativo en el acuerdo para desplazar a Gils Carbó. Y consignó dos cuestiones de relevancia política: que el propio kirchnerismo duro consideraba que la procuradora había entrado en tiempo de descuento y que el nombre que sonaba en el Senado para reemplazarla era el de Alberto García Lema.

García Lema es un respetado jurista del peronismo. Fue convencional constituyente en 1994, trabajó junto a Antonio Cafiero y fue jefe de los abogados del Estado bajo la presidencia de Carlos Menem, entre otros cargos. Su llegada sería avalada por Pichetto y otros referentes peronistas. Está claro que si el peronismo va a poner los votos para sacar a Gils Carbó, quiere que uno de los suyos vaya a ese puesto.

Un viejo axioma de la política dice que el que saca no pone. No se sabe si el macrismo, tan afecto a lo que algunos llaman nueva política, conoce ese principio. Pero quizás intente aplicarlo. En el Gobierno dicen que la Procuración no será el único cargo a cubrir y que el peronismo podrá colocar gente propia en otras instancias vinculadas a la Justicia.

De hecho, hay a esta altura otros cuatro candidatos al lugar que algún día dejará vacante Gils Carbó.

Raúl Plee, fiscal de la Cámara de Casación con extensa trayectoria, contaría con el respaldo de Daniel Angelici, presidente de Boca, amigo de Macri y operador para temas puntuales en la Justicia.

Gustavo Hornos, integrante notorio de la “familia judicial” y juez de la Cámara de Casación, sería bien visto para el cargo de procurador por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

Guillermo Marijuan, fiscal federal, suena también entre los candidatos. Interviene en el caso Lázaro Báez y durante el ciclo kirchnerista actuó en las causas que terminaron con Felisa Miceli y Ricardo Jaime condenados. Tiene una vieja relación personal con Sergio Massa y lo respaldaría Germán Moldes, fiscal de la Cámara Federal.

Marijuan incluso se reunió con Macri meses atrás, porque al Presidente le dijeron que debía escuchar sus ideas para la Procuración. Le dijo que los fiscales deben actuar con más energía, aplicar con más decisión el Código Penal y trazarse un plan para abordar asuntos como narcotráfico, contrabando y corrupción.

En el diseño del Gobierno, la remoción de Gils Carbó sería un paso clave para desplazar de la Justicia a los fiscales afines al kirchnerismo. Algunos hechos puntuales alimentan esa estrategia.

El jueves, el juez federal Alfredo López que investiga las agresiones de hace una semana en Mar del Plata contra el presidente Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, acusó a la fiscal Laura Mazzaferri de obstruir la investigación. Resaltó que la fiscal pertenece a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima y dijo que su jefa, Gils Carbó, debía dar explicaciones por esa situación.

A su vez el Colegio de Abogados de la Capital, que preside Guillermo Lipera, junto a la ONG Será Justicia, pidieron remover a todos los fiscales nombrados por Gils Carbó. Adujeron la inconstitucionalidad del sistema de selección usado que, dicen, favoreció a los candidatos del kirchnerismo.

En fin, que argumentos no faltan. Lo que faltó, hasta ahora, es la capacidad política de reunir masa crítica para avanzar en el cambio estratégico de la Procuración y la tarea de los fiscales. Si ese obstáculo se termina de superar, Gils Carbó habrá entrado en cuenta regresiva y Cristina verá más temprano que tarde tambalear a su principal pieza de defensa institucional.

Ya lo anunciaron varias veces. Ahora hay que ver para creer.

Fuente: El Acople Informativo