Conflicto en Tabacal: “Las medidas no son ni arbitrarias ni ilegales”

Luego de implementar una reestructuración que implicó la desvinculación de alrededor del 10% de su nómina (164 trabajadores dentro de convenio y 17 fuera de convenio), Tabacal Agroindustria confirmó que no cerrará sus puertas y que no está en riesgo la sustentabilidad de la región.

En ese marco, manifestaron que las medidas tomadas no son ni arbitrarias, ni ilegales, sino que buscan asegurar la fuente de trabajo al 90% de los empleados. “Ilegales son las medidas y acciones del  Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA) declarando un paro intempestivo”, afirmaron.

En la oportunidad, respondieron los dichos del concejal de Hipólito Yrigoyen Carlos González, quien señaló que se trataba de una “extorsión con amenaza de cierre para obtener beneficios”. “No solo no está en la voluntad de Tabacal Agroindustria sino que no tiene el menor grado de verosimilitud”, explicaron.

También se refirieron a los dichos del legislador salteño Claudio del Plá, quien les exigió presentar los balances que sustenten la medida. “Son públicos, basta pedirlos a la Inspección General de Justicia, los documentos son una clara muestra de la situación de quebranto de la empresa”, dijo.

En ese sentido, señalaron que tanto Del Plá como otros políticos y el Concejo Deliberante de Orán insisten con la realización de un Procedimiento Preventivo de Crisis, alternativa que consideraron privativa de la empresa. "Lo utilizan aquellas que quieren pagar el 50% de las indemnizaciones, Tabacal prefirió desvincular el menor número posible de trabajadores y pagarles el 100%”, detallaron.

A su vez aclararon que Tabacal Agroindustria no tiene ningún tipo de exención impositiva particular, no cuenta con subsidio alguno, siempre pagó el impuesto inmobiliario rural y  no recibió ninguno de los beneficios potenciales de la ley de biocombustibles.

Por último, consideraron absurda la resolución del Consejo Deliberante de Orán, que solicita al Ministerio de Trabajo de la Provincia que haga “uso del poder de policía que le otorga la constitución provincial” para lograr la reincorporación inmediata de la totalidad de los trabajadores despedidos, ya que el poder de policía no incluye actuar en contra de algo permitido por la ley.