La Corte Suprema rechazó la aplicación del 2x1 para los casos de lesa humanidad

Con 4 votos contra 1, el máximo tribunal dio marcha atrás con el criterio que había utilizado el año pasado en el caso Muiña. El único que votó a favor del 2x1 fue el presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz.

Nacional 05/12/2018
corte suprema - jueces

La Corte Suprema de Justicia rechazó la aplicación del denominado 2×1 para el cómputo de la pena de Rufino Batalla, un represor condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Con esta decisión, el tribunal cambió el criterio que había adoptado el año pasado en el caso Muiña.

Fuentes judiciales adelantaron a Infobae que la posición mayoritaria obtuvo los votos de Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, quien se decidió a último momento.

El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien esta mañana pidió tiempo para  retocar los argumentos de su postura, fue el único que votó en contra de la aplicación de este beneficio.

Rosenkrantz consideró inconstitucional la ley 27362 que sancionó el Congreso tras la polémica que había generado el año pasado el pronunciamiento del máximo tribunal sobre un caso similar.

Esa norma restringió el alance del 2×1 y precisó que "no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra".

El año pasado en el caso Muiña, Lorenzetti y Maqueda se habían expresado en el mismo sentido que ahora. Rossati y Highton de Nolasco habían acompañado a Rosenkrantz a favor del 2×1. El cambio de postura se explica en la ley que votó el Congreso. En sus argumentos, los magistrados aseguraron que se subsanó un vacío legal que existía con respecto a la situación de los represores con la sanción de una ley interpretativa por parte del Congreso.

Con esta sentencia, la Corte Suprema avanza en el cronograma que se había dispuesto para fin de año con el objetivo de debatir temas sensibles que habían sido postergados en la agenda.

La semana pasada dispuso que los jueces designados a partir de 2017 deben tributar el Impuesto a las Ganancias. Antes de fin de año, se expresará sobre la ley de lemas en Santa Cruz y el caso de Lucio Blanco, un jubilado que reclamó por el índice que utilizó la Anses para realizar el reajuste de haberes.

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