Desmontó ilegalmente y fue condenado a reforestar 11 mil hectáreas por 30 años

Una sentencia por parte del Juzgado Civil de Tartagal, a cargo de la jueza Claudia Yance, condenó al productor agropecuario Juan José Karlen a reforestar 11 mil hectáreas con 120 mil árboles por temporada, y en un periodo de 30 años.

El plan de reforestación acordado con Karlen, se enmarca en tendencias internacionales que buscan efectividad ecológica y social en las recomposiciones ambientales. En el acuerdo, Karlen cedió sus pretensiones agropecuarias sobre las 11 mil hectáreas desmontadas clandestinamente y convino con la Procuración General un plan de recomposición ambiental que abarcará toda la finca y se extenderá en el tiempo por 30 años.

Según indica el sitio de Fiscales Penales, se contempla por dicho lapso de tiempo un vivero con 120 mil ejemplares por temporada, los que servirán para la forestación del bosque arrasado. Se calcula la plantación de entre 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea, como así también una importante inversión en materia social, la que incluye a miembros de comunidades aborígenes y criollos. Asimismo, se establece que en caso de violar el acuerdo, la finca quedará afectada hasta su total recomposición natural como área protegida privada.

A la condena inédita en materia jurídica ambiental en el país en materia de desmonte ilegal, le siguió una demanda civil contra el finquero, proceso que quedó en manos de la Procuración General y la Fiscalía Civil de Tartagal. La cifra demandada, estimada en 171 millones de pesos, surgió de un estudio ambiental a efecto de lograr la reparación del terreno desmontado, el que fue realizado por técnicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección Nacional de Bosques, el I.N.T.A. , la U.N.Sa. y la U.B.A.

Asimismo, y según los sectores delimitados, se acordó la plantación y cuidado de entre 200 a 245 ejemplares de árboles nativos por cada hectárea. Se contempló el avance en la plantación de pastura bajo monte y cultivo de granos para llegar, con un bosque más maduro, a la incorporación de ganado según el cumplimiento y certificación oficial previa de los objetivos ambientales. Toda la tarea y auditorías deben ser pagadas al Estado por Karlen, bajo apercibimiento de rescisión, intervención judicial y declaración de área protegida de la finca.