El Senado sancionó este martes la ley que habilita la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, tras 12 horas de debate y la definición de legisladores que se declaraban indecisos pocas horas antes de la votación, para lo que hubo arduas gestiones de Alberto Fernández y la promesa de correcciones en la reglamentación.
Por unanimidad también se aprobó la ley de 1000 días, abocada a proteger a la embarazadas y a los niños, ideada para acercar posiciones con la iglesia, pero que no evitó una queja del Papa Francisco antes de iniciar la sesión.
Los salteños Sergio Leavy y Nora Giménez votaron a favor, mientras que Juan Carlos Romero lo hizo en contra.
La sanción de la IVE llegó con 38 positivos, uno más que lo necesario para la mayoría simple, contra 29 en contra y una sola abstención. Y terminó con décadas de peregrinaje por las comisiones del Congreso de organizaciones de mujeres, que habían tenido su punto más alto en 2018 cuando la ley se aprobó en Diputados pero fue rechazada en el Senado.
El Frente de Todos y Cambiemos votaron divididos, aunque entre los primeros hubo predominio verde y varias ayudas que llegaron a último momento con mucho esfuerzo de la Casa Rosada, que se hizo sentir con un permanente desfile de funcionarios por el Congreso.
Los celestes esperaron en vano el pronunciamiento de los dubitativos, pero sobre la medianoche aceptaron la derrota y se abocaron a su próxima batalla, que será impedir la aplicación de la ley en Tribunales. "A lo largo y ancho de la Argentina se presentarán recursos hasta que un juez la declare inconstitucional", anticipó la radical Silvia Elías de Pérez, referente del grupo.
Alberto logró cumplir con una de sus promesas de campaña, cuando anticipó que pediría despenalizar a las mujeres que se practican un aborto. "Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política", festejó por twitter.
A la Justicia
Los planteos de inconstitucionalidad se basarán en la Convención de los derechos del niño, a la que el país adhirió con una ley aclaratoria de que la vida empieza desde la concepción y por lo tanto, entienden, el aborto no sería posible si no modifican esa norma con dos tercios de cada Cámara.
Además, alegan que el Código Civil, sancionado en 2015, también aplica esa definición. "Nuestro país se ha obligado y esto es muy bueno para los estándares más altos de protección de la vida desde el momento mismo de la concepción y lo ha hecho con los tratados internacionales que ha firmado", sostuvo Elías de Pérez.
Los verdes aceptan que habrá un largo peregrinar en los Tribunales, que puede durar hasta 2 años, pero confían en la Corte Suprema, que en 2012 emitió un fallo para ratificar el aborto en los casos ya incluidos en el Código Penal (riesgo de vida y violación).
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