Dejaron cesante a un auxiliar fiscal involucrado en un caso de abuso policial

El Colegio de Gobierno del Ministerio Público aplicó la sanción de cesantía al auxiliar fiscal de la Delegación Fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur. Lo hizo en los términos de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de su Reglamento General. Con la sanción aplicada, quedó extinta la relación laboral de Dantur con el organismo.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, ordenó el sumario administrativo en contra de Dantur, motivado en la imputación realizada en su contra por la fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, en concurso real.

A su vez, el 16 de diciembre de 2020 y en virtud de un nuevo hecho enmarcado en las actuaciones penales, se dispuso la ampliación del sumario y la conformación de una Unidad Fiscal para la investigación penal pertinente.

Abuso policial: el auxiliar fiscal Dantur complicado con el análisis de sus celulares

De un primer hecho investigado, se tuvo que Dantur mantuvo diálogos con el comisario de Apolinario Saravia, Walter Ezequiel Omar Mamaní, imputado por la presunta comisión de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real con coacción en calidad de autor. Todo esto, mientras Dantur se desempeñaba como auxiliar fiscal y daba cumplimiento a las órdenes de la fiscal Simesen de Bielke.

De conversaciones vía WhatsApp con Mamaní, surgió que el sumariado lo asesoró, al darle su punto de vista e inclusive informarle sobre medidas probatorias producidas. Además, le ofreció la llave de la dependencia fiscal para que el funcionario policial compulse las actuaciones. Dantur también guardó silencio cuando Mamaní trató de “fanática” a la fiscal, según surgió de las pericias realizadas en los teléfonos celulares del sumariado.

El segundo hecho, fue haber inducido al error a la fiscal de Derechos Humanos y al Tribunal de Impugnación, sobre la calidad de oficial o personal del teléfono celular que entregara al momento de requerírsele el dispositivo que utilizaba como funcionario del Ministerio Público Fiscal. De la investigación surgió que el celular oficial era utilizado regularmente por miembros de su familia, en tareas ajenas a su función.