La Asociación de Jueces expresa su preocupación por las críticas a magistrados

La Asociación de Jueces de la Provincia de Salta ve con profunda preocupación la expresión de diferentes críticas a magistrados que resultan ajenas al propósito constitucional de afianzar la justicia y que por lo tanto no contribuyen en absoluto a ese cometido.

En primer lugar, cabe traer a colación que al juez y al fiscal les está permitido formular aclaraciones frente a informaciones erróneas o que no se correspondan con los trámites cumplidos (Art. 263 del Código Procesal Penal). En orden a ello, es necesario aclarar a la ciudadanía que el artículo 1º de la ley 22.278 -Régimen Penal de la Minoridad- imperativamente exige al juez tomar conocimiento directo del menor de edad, lo que supone necesariamente al menos una entrevista con el niño o adolescente con la finalidad tutelar perseguida por la ley.

Por otro lado, estimamos necesario poner de manifiesto que el “escrache” no es un medio democrático de obtener respuesta de la justicia, ya que el ordenamiento legal prevé mecanismos específicos para corregir eventuales errores de los jueces como las recusaciones -cuando mediaren circunstancias que, por su objetiva gravedad, pudiesen afectar la imparcialidad-, los recursos ante tribunales superiores, las denuncias ante la Secretaría de Superintendencia de la Corte de Justicia, los pedidos de enjuiciamiento, entre otros.

Al ser ello así, cualquier medio, ya sea institucional o particular, coercitivo, agresivo y más aún si es falaz afecta, sin duda alguna, el marco de serenidad e independencia que requiere un juez para cumplir el delicado deber de impartir justicia, es más esos tipos de conductas están lejos de contribuir a la ansiada paz social. Resulta de interés señalar que el artículo 6º del Código de Ética Judicial Iberoamericano, adoptado por la justicia salteña, dispone que “El juez tiene el derecho y el deber de denunciar cualquier intento de perturbación de su independencia.”

Finalmente, corresponde subrayar que los jueces tienen la noble tarea de hacer justicia con total responsabilidad, sin presiones de ninguna índole, garantizando un proceso ajustado a derecho.