Mediante un comunicado de Cancillería, el Gobierno acusó a Chile de “pretender apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos”, tras un decreto del presidente Sebastián Piñera que fijó los límites de su territorio soberano en el Atlántico Sur.
La medida publicada ayer en el Diario Oficial -el Boletín Oficial chileno- y fechada el pasado 23 de agosto, expone una superposición en la delimitación territorial de soberanía de ambos países, lo que oficializa un nuevo diferendo territorial con la nación trasandina.
“La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, se señala en el escrito.
“Consecuentemente, la citada pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”, indica la nota difundida este sábado.
En 2020, el gobierno de Sebastián Piñera cuestionó el nuevo mapa de Argentina con su plataforma continental extendida y sancionada ley por Fernández. El decreto estableció la plataforma chilena a partir de las 200 millas náuticas desde las islas Diego Ramírez, al sur del Cabo de Hornos.
Visualización del mapa chileno sobre el Mar Austral y el punto de conflicto.-
Sin embargo, esta delimitación incluye áreas marítimas que ya habían sido oficializadas como propias por parte de Argentina ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 2009.
“Esta medida pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984”, expuso el comunicado de Cancillería, a cargo de Felipe Solá.
De acuerdo a los términos del Estado argentino, el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557, sancionada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año.
“Dicha ley no hace sino recoger en una norma interna la presentación oportunamente efectuada por el Gobierno argentino sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC). Esa presentación se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad y fue aprobada sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile”, señala el texto del ministerio de Relacion Exteriores.
El mapa con plataforma continental austral de Chile, según el decreto presidencial de Piñera.-
No es el primer conflicto entre las gestiones de Alberto Fernández y Sebastián Piñera. A comienzos de agosto, un error en un decreto de Fernández con directivas militares provocó un fuerte reclamo de Chile, donde se fijaba la llamada “Directiva de Política de Defensa Nacional”.
En concreto, en dicha normativa se indicaba que el Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces se consideraba como “espacios compartidos en los que resulta fundamental continuar fortaleciendo el estudio, la exploración y control conjunto”. Esto obligó al gobierno chileno a enviar una comunicación formal recordando que “el Estrecho de Magallanes, incluidas sus dos riberas, es territorio soberano chileno”. En ese diferendo, el gobierno argentino reconoció que se trató de un yerro propio y que sería enmendado.
En el caso de la disputa por los límites de la plataforma continental, el conflicto era previsible. Desde el año pasado, Sebastián Piñera había anticipado que presentaría el reclamo ante la ONU para incorporar millas de soberanía sobre la plataforma marítima del Mar Austral, una demanda similar a la que el gobierno argentino hizo en 2009. (Infobae)
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