La jueza llegó al Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew el 29 de diciembre pasado a las 16.40 y pidió ver a uno de los detenidos. Se fue pasada las 19.30, cuando le avisaron que finalizaba el horario de visitas. En la sala donde se produjo el encuentro había cámaras. Lo que filmaron provocó un escándalo en la provincia de Chubut.
En las imágenes se ve a la magistrada a los besos con el condenado por un tribunal que ella misma integró. Fue sumariada.
Según publica el diario Jornada, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenó iniciar actuaciones administrativas contra la jueza Mariel Alejandra Suárez por “conductas inadecuadas”. Se trata de la magistrada penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia.
Se besaron, se abrazaron, compartieron comida
y tomaron mate.
El reo en cuestión, considerado de alta peligrosidad, fue identificado como Cristian Omar Bustos, alias Mai, quien en diciembre pasado fue condenado a perpetua en Esquel por matar a un policía en 2009 por un tribunal que integraba, precisamente, la jueza Suárez: ella votó en disidencia.
Todo se descubrió cuando la seguridad interna del instituto penitenciario denunció ante la autoridad superior lo sucedido entre la jueza y el condenado en la sala que compartieron por casi tres horas. Se besaron, se abrazaron, compartieron comida y tomaron mate, algo “prohibido de compartir en virtud de la pandemia que se cursa”, reza el denunciante en la denuncia a la que tuvo acceso ADN Sur.
“A raíz de una comunicación formal dirigida a los Ministros en feria se tomó conocimiento de un encuentro requerido por una jueza penal de la circunscripción de Comodoro Rivadavia y un recluso alojado en dicho centro penitenciario, considerado de alta peligrosidad y recientemente condenado en el marco de un juicio oral y público sustanciado en la ciudad de Esquel”, explica un comunicado del Poder Judicial.
Y cierra: “De los datos comunicados desde el IPP surgen que la jueza habría incurrido en conductas inadecuadas para un magistrado. Las actuaciones se dirigen a dilucidar las circunstancias de dicha reunión entre una magistrada y un condenado, el tenor del encuentro, su extensión en el tiempo y las características del mismo, que puedan implicar violaciones a la Ley de Ética Pública y/o al Reglamento Interno General del Poder Judicial”.