“Estos aumentos por decreto distorsionan las negociaciones colectivas y pueden generar diferendos legales en materia de sumas remunerativas y no remunerativas”, señalaron a TN. En ese sentido, plantearon que actualmente la industria argentina cuenta “con 346 convenios colectivos de trabajo activos, con sus respectivos acuerdos para incrementos de remuneraciones y otros beneficios”.
Para la UIA, el Gobierno tomó una decisión “unilateral y transversal de establecer aumentos por decreto”. “Generará superposición de porcentajes o sumas que entrarían en contradicción o solapamiento con las escalas establecidas libremente por las partes en el marco de los procesos de negociación, distorsionando los acuerdos alcanzados, pues las escalas responden a realidades técnicas, económicas y negociales diversas de acuerdo a cada actividad y/o rama”, planteó.
Más tarde también se expresó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) a través de un comunicado y manifestó su preocupación por la suma fija. “Son las negociaciones paritarias el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones, toda vez que allí se pueden conciliar las legítimas pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de las empresas de cada sector”, remarcaron desde el sector.
A su vez, insistieron: “La entidad es plenamente consciente del deterioro que el poder adquisitivo de los salarios experimenta mes a mes de la mano de la persistente y elevada inflación que soporta la economía nacional, producto de desequilibrios de larga data. Pero a la vez debe advertir que buena parte de las empresas del país se encuentra en una delicada situación, debido justamente a una macroeconomía desordenada y con un estancamiento que ya acumula una década, lo que hace inviable que puedan afrontar la suma fija”.
“Aunque aún no se conoce la reglamentación de la medida, de los anuncios se desprende que tan solo una fracción acotada de los pagos en cuestión podría ser tomada a cuenta de contribuciones patronales, por lo que la suma fija acabará por implicar un aumento de costos significativo para numerosas firmas, ya exhaustas por una elevadísima presión tributaria, legislación laboral vetusta, trabas al comercio exterior, regulaciones excesivas y un entorno macroeconómico por demás adverso”, reclamó la CAC.
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