Al inaugurar las sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo, el Presidente, Javier Milei, anunció el envío al Congreso de un "paquete anticasta" que servirá para "terminar con los privilegios de la política y sus amigos". Algunas de las normas ya fueron presentadas por el oficialismo, y la idea es retomar en esta segunda etapa de gestión las pendientes.
Una de las leyes de dicho paquete era eliminar las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidentes, algo que fue rechazado en la Cámara de Diputados.
Otro de los puntos salientes es obligar a los sindicatos a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas libres y supervisadas por la Justicia electoral que limitará los mandatos a cuatro años y establecerá un tope de una sola reelección posible.
Además, se prevé que las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatas en las elecciones nacionales, y todo ex funcionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario.
Respecto a lo que hace al funcionamiento de ambas cámaras, la idea del Gobierno es reducir drásticamente la cantidad de contratos para asesores de diputados y senadores de la Nación.
También, se buscará avanzar en eliminar el financiamiento público de los partidos políticos y penalizar por ley al Presidente de la Nación, al ministro de Economía, a los funcionarios del BRCA diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria.
En línea con el anuncio de la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, en Balcarce 50 también barajan una reforma electoral que posibilite bajar la edad de votación de 16 a 14 años.
Dicha reforma todavía se está escribiendo, y en ella también se incorporaría la eliminación de las PASO y el cambio del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.
Vale recordar que la Ley Bases original tenía incluida una reforma electoral que proponía la derogación y modificación de artículos de la ley actual de Financiamiento de los Partidos Políticos N° 26.215, promoviendo la eliminación del tope máximo de donaciones por persona y empresas a un candidato o partido en campaña y también para su funcionamiento institucional. La idea es volver sobre esta propuesta, señalan en Casa Rosada.
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