Con la publicación de la Resolución 764/2025, el Gobierno nacional oficializó la disolución del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, el programa creado en 2012 para facilitar el acceso a la vivienda. La medida alcanza a miles de beneficiarios y proyectos habitacionales en todo el país, y supone un giro en la política pública de vivienda.
El Banco Hipotecario continuará gestionando los créditos vigentes bajo las mismas condiciones acordadas: tasas, plazos y sistema de actualización no se verán modificados. La Secretaría Legal del Ministerio de Economía se ocupará de eventuales causas judiciales.
Respecto a las obras inconclusas, unas 17.000 viviendas distribuidas en distintas provincias, su finalización dependerá de gobiernos provinciales, municipios o del sector privado. Algunos distritos, como Buenos Aires o Mendoza, ya iniciaron procesos de traspaso. En tanto, las unidades terminadas y aún no adjudicadas podrían ingresar al mercado mediante ventas directas.
El Ejecutivo argumentó que la decisión apunta a “reducir el sobredimensionamiento del Estado” y dejar la financiación de viviendas en manos de los bancos comerciales, marcando así el fin de un programa que durante más de una década buscó garantizar el acceso a la casa propia para sectores medios y trabajadores formales.
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