Impulsan un proyecto de ley pionero para la inclusión laboral de personas neurodivergentes

Mediante una iniciativa presentada por el Defensor General, Martín Diez Villa, la Legislatura provincial recibió un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo para garantizar la inclusión laboral de personas neurodivergentes dentro del Ministerio Público. La iniciativa surge a partir de una solicitud formal del Defensor Diez Villa, cuyo planteo expone la necesidad de que la administración de justicia avance hacia políticas activas que aseguren igualdad real de oportunidades.

El proyecto, ingresado con el acompañamiento de un amplio grupo de diputados provinciales, propone crear condiciones concretas para el acceso, permanencia y desarrollo profesional de personas con TDAH, Asperger, dislexia, dispraxia, discalculia, síndrome de Tourette, trastornos del lenguaje, del procesamiento sensorial, altas capacidades y otras condiciones del neurodesarrollo. La iniciativa establece que todas las áreas del Ministerio Público deberán garantizar ajustes razonables, mecanismos de selección accesibles y la creación de entornos laborales inclusivos.

El planteo elevado por Diez Villa destaca que, aun cuando estas condiciones no configuran una discapacidad, las personas neurodivergentes enfrentan barreras estructurales y sesgos arraigados que dificultan el acceso a un empleo y su continuidad en puestos que reconozcan sus capacidades reales.

El proyecto también sugiere a la institución a elaborar una Guía de Buenas Prácticas para orientar adaptaciones, metodologías de comunicación, adecuación de espacios, mentorías y mecanismos de apoyo profesional. Asimismo, prevé un sistema de estadísticas anuales que permita evaluar impacto, cumplimiento e implementación efectiva.

La intervención del Dr. Diez Villa pone en evidencia una mirada extendida sobre el rol del Ministerio Público como institución que no solo garantiza derechos en el ámbito judicial, sino que también asume la responsabilidad de internalizar esos mismos principios puertas adentro.

En esa línea, desde el organismo se remarca que la inclusión laboral no es un gesto simbólico ni un beneficio sectorial, sino un imperativo constitucional y de derechos humanos que el Estado debe materializar mediante acciones positivas. La propuesta legislativa recoge esta perspectiva y la traduce en obligaciones concretas, como la capacitación obligatoria para todo el personal, procesos de selección accesibles y la prohibición de cualquier forma de discriminación laboral por razones vinculadas a la neurodiversidad.

En este sentido, la participación del Defensor General en la construcción del proyecto coloca a Salta entre las primeras jurisdicciones del país en promover un modelo institucional específico de inclusión para personas neurodivergentes, especialmente dentro de un organismo clave para el acceso a la justicia.

La iniciativa quedó ahora en manos de las comisiones legislativas correspondientes, donde se espera su análisis y eventual avance hacia el recinto.