Romero preocupado porque Massa quiere despojarlo de sus bienes

Sin haber logrado el apoyo oficial de su aliado del PRO, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, el senador nacional, Juan Carlos Romero, espera a un alicaído Sergio Massa, quien con un proyecto de Ley que amenaza con dejar a Romero sin la mayoría de sus bienes.

La preocupación de Romero no pasa solamente por la caída en las encuestas del líder del Frente Renovador, sino especialmente por una de las propuestas que el diputado nacional enarbola como promesa para combatir la corrupción.

Romero, quien también viene en picada en las encuestas y hasta tuvo algunos actos fallidos al reconocer que favoreció a familiares y amigos con cargos públicos, teme ahora que Massa sea interrogado públicamente sobre este novedoso proyecto de Ley.

Los operadores y asesores de prensa del ex gobernador trabajan en una estrategia para evitar que las respuestas de Massa al respecto dejen expuesto a Romero, quien es investigado por la justicia local en diez causas penales, todas por hechos de corrupción cometidos durante su paso como gobernador de Salta.

La situación es bastante complicada, ya que la propuesta de Massa de despojar a los corruptos de sus bienes para devolverlos al estado tuvo una buena respuesta del electorado, pues la sociedad ve que los corruptos por lo general siempre salen airosos de la justicia penal, por lo que consideran que, al menos, se les quite lo que robaron.

Al respecto, cabe mencionar a Romero como un caso testigo de ello, pues la justicia local lleva ya más de cuatro años intentando que el senador nacional, al menos, se presente a prestar declaración indagatoria, demandas de las cuales el ex gobernador logró salir airoso.

El proyecto de Ley de extinción de dominios fue presentado por Massa, diputado nacional por el Frente Renovador, en el Congreso de la Nación el 4 de junio del año pasado junto a un paquete de ocho propuestas en materia judicial.

La recuperación de activos provenientes de actos de corrupción de Massa se suma a otro que también generó buena expectativa, el cual prevé el decomiso de los bienes de los acusados de hechos de corrupción que no puedan justificarlos y antes de que se dicte una sentencia. "Los juicios duran tantos años que los bienes desaparecen", justificó Adrián Pérez, diputado massista.

Sus hijos se quedarían sin nada

En su proyecto, Massa incluye la posibilidad de extender la persecución a los activos que heredan los familiares, entre ellos que residen fuera del país, con lo cual la situación de los Romero se tornaría más complicada aún, pues los hijos del ex gobernador, Juan Esteban, Betina y Lucía tendría que trabajar.

Al referirse a esta novedosa propuesta, la bancada que responde a Massa puso como ejemplos la expropiación de aeronaves, casas de lujos y hasta sociedades que no fueron declaradas por ex funcionarios, sin que la aplicación de esta Ley esté atada a los avatares de la investigación penal.

Se trata de una Ley de carácter imprescriptible y autónoma del accionar de la justicia, cuyo objetivo es que los bienes sospechados pasen al Estado, como así también la titularidad de los activos asociados con actividades ilícitas (narcotráfico, lavado, corrupción) y antijurídicas (infracciones, evasión, monopolios).

"El problema es que, con penas bajas a los delitos y sin perseguir el dinero ilícito, lo único que queda es la impunidad", señaló Massa al referirse a esta Ley. "Lo que sucede hoy es que en el mejor de los casos los delincuentes pasan un tiempito en la cárcel, pero se quedan con la plata, sea un narco, como Luis «el Gordo» Valor o María Julia [Alsogaray]", agregó.

"Para terminar con la impunidad necesitamos que los delincuentes tengan miedo a la ley y miedo a perder su patrimonio", afirmó Massa. El proyecto tomó como base leyes similares aplicadas en países como Colombia y Guatemala.

Massa propone que una vez confiscados los bienes a los corruptos condenados o a los ex funcionarios sospechados de actos de corrupción, como es el caso de Romero, los mismos sean devueltos al Estado. El 90 % de ellos serán utilizados para financiar programas educativos, mientras que el 10 % restante se aplicará a la capacitación del personal involucrado en la recuperación de estos activos.

Así las cosas, Romero más allá de ser un aliado se convierte en un potencial ejemplo de lo que esta Ley puede llegar a generar, pues el ex gobernador y ahora senador nacional, es dueño de numerosos bienes, entre tierras, sociedades, una mansión, dos aeronaves, que no puede justificar.

Prueba de ello es el inconsistente descargo que Romero presentó hace unos días en la causa penal que se le sigue en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito, pues existen pruebas de que el ex gobernador se habría apoderado del estado provincial de activos y bienes por una suma estimada en 200 millones de pesos, dinero que gracias a la Ley propuesta por Massa podría regresar a manos de los salteños.

Fuente: www.informatesalta.com.ar