Plumada aceptó condiciones para el traspaso de documentación

El juez Benjamín Pérez Ruíz, del juzgado Civil y Comercial 4, decidirá hoy la cantidad de legajos que se retirarán por día y sobre el servicio de emergencia que Plumada debe brindar durante el fin de semana, entre el viernes por la tarde y las primeras horas del lunes. Las partes no se pudieron poner de acuerdo en esos dos puntos; como en el resto coincidieron, en el Grand Bourg suponen que la firma dejará de obstaculizar la entrega.

Los abogados de ambas partes volvieron a encontrarse ayer en la Ciudad Judicial. Esta vez consensuaron el protocolo de entrega de 500 cajas diarias, de una base de datos actualizada y de un CD muestra con el formato de entrega de imágenes digitalizadas hasta el 5 de febrero, además de la forma para la recepción de la documentación.

“Se pudo avanzar muchísimo en los puntos planteados por la Provincia y que facilitarán la mudanza de la documentación”, indicó la titular del Archivo de la Provincia, Elsa Pereyra, quien participó en la audiencia de conciliación. A esa instancia se llegó luego de una cautelar que presentó Plumada y que la Justicia rechazó, como parte del juicio contencioso presentado por la firma para pedir un reajuste de precios que la Provincia se niega a dar porque –argumenta- todo está previsto en el contrato.

Hasta esta tercera audiencia de conciliación hubo de todo: chicanas por parte de la empresa y una denuncia penal al titular de la empresa por parte de la Provincia. La Justicia también había ordenado a la firma entregar la documentación e incluso dispuso una guardia policial hace dos viernes.

El 1 de septiembre pasado se comunicó la rescisión del contrato de archivo, digitalización, custodia y logística que se mantenía con Plumada desde 2006 y se le indicó a la empresa que debía cumplir estrictamente con las responsabilidades asumidas durante los próximos 90 días hábiles administrativos. El plazo se cumplió la semana anterior, pero el Gobierno no pudo retirar ni 100 cajas porque los apoderados de la empresa adujeron “una supuesta medida cautelar de la jueza Silvia Longarte que (según esgrimieron a funcionarios) impedía el retiro de la documentación hasta tanto se efectuara una reunión de conciliación”.