Denuncian empleados "corruptos" en un organismo oficial

Una denuncia publicada por Cuarto Poder, sobre irregularidades en la Secretaría de Ambiente, movilizó a otros damnificados. Prefieren el anonimato pero detallan mecanismos que enriquecen a algunos a costa de la producción de otros. (D.A.)

El miedo todavía amordaza a la indignación. Lo confirma el caso de finqueros del norte que por lo bajo admiten lo que este medio denunció la semana pasada, pero insisten en no ser identificados para evitar represalias de lo que sospechan es una red de empleados que ocupando puestos claves, exigen retribuciones para agilizar habilitaciones de aprovechamiento forestal y emitir las guías necesarias para la comercialización de la madera que se extrae de ese tipo de emprendimientos.

El artículo en cuestión daba cuenta de la denuncia que un particular realizó en la Fiscalía N° 3 de Tartagal y en la propia Secretaria de Ambiente. Allí se acusaba al inspector “Chicho” Paredes de solicitar al denunciante que arreglara con un particular para así ayudarlo desde el organismo a prorrogar un permiso de aprovechamiento. En los escritos se mencionaba también a otro empleado -Eduardo Villagrán- como funcionario señalado por hacer un manejo discrecional de la información en igual sentido. Ambos son objeto ahora de sumarios administrativos.

Tras la publicación, no obstante, otros productores informaron que también la semana pasada ingresó una denuncia de igual tenor al organismo. Se trata de un escrito de siete páginas que pide sanciones para Héctor “Chicho” Paredes, Inspector de campo en el Programa Cambio de Uso de Suelo, quien ya había sido señalado en la denuncia previa; su jefe inmediato, Ciro Camacho, quien es Jefe del Programa Cambio de Uso de Suelo; y de la jefa de ambos, la ingeniera Graciela Pérez Mulki quien ocupa la Dirección General de Planificación Territorial.

El denunciante fue implacable: Paredes realizó una inspección en su finca y elaboró un informe que lo privó de continuar con el aprovechamiento forestal. En su descargo, el finquero enfatizó lo siguiente: a una parcela a la que el inspector registró con irregularidades no se puede acceder por falta de caminos; y las parcelas a las que sí se accede, y el funcionario marcó como escenario de explotaciones irregulares, cuentan con todos los permisos y papeles en regla. “El informe es técnicamente insostenible”, resaltó el productor que recordó otra cosa: su pedido de prorroga del Plan de Aprovechamiento Forestal -con el que cuenta la finca desde el 2006- obedeció a que el Plan de Manejo exigido por la Ley de Bosques no fue aprobado por la dirección en la que se desempeñan los mencionados a pesar de contar con los estudios exigidos y entre los que se destacan el de Impacto Ambiental, la Cuestión Social, el Inventario Forestal y el Estudio de Fauna que la ley exige para la finca en su conjunto, pero también para los sectores particulares de los que se quiere hacer uso.

Para rematarla, diría el escrito, esa serie de inconvenientes surgieron luego de un llamado telefónico. El mismo ocurrió en el año 2013, fue realizado desde un número que no se identificó y por una persona que evitó dar nombre y apellido. La misma, sin embargo, se reconoció como personal de la Secretaría y le exigió la colaboración que los anteriores arrendatarios realizaban. El denunciante admitió que no puede asegurar que ese llamado esté relacionado con los obstáculos administrativos que padece, pero exige que Paredes, Camacho y Pérez Mulki sean sancionados al menos por negligencia e impericia.

Una aclaración se impone: el expediente por el que sufre el denunciante se inició hace más de un año. En ese entonces Pérez Mulki no ocupaba la dirección que ocupa desde diciembre pasado. Pero sí era Jefa de Programa de Habilitaciones; Camacho ya estaba como Jefe de Programa de Cambios de Uso de Suelo; mientras que Paredes era y es el Inspector de campo de ambos programas.

Guías valiosas

Sólo con una resolución que habilite los aprovechamientos o autorice sus prórrogas, se puede acceder a las guías forestales que permiten la extracción y comercialización de madera. Tras la publicación de Cuarto Poder que ocasiónó el revuelo en el interior del organismo, también algunos productores y trabajadores de la repartición se comunicaron con este medio para dar detalles del uso ilícito que puede hacerse de ella.

Todos coinciden en algo: la extracción y venta de madera involucra montos siderales y la venta ilegal de las guías forestales reditúa cifras no menos importantes a distintos sectores de la sociedad.

Algunas de esas ventas pueden representar intercambios entre particulares: finqueros que no pudiendo hacer uso de las mismas por escasa capacidad de extracción o por simple cálculo empresarial, deciden hacerse unos buenos pesos vendiendo las suyas a otros finqueros que desean extraer más de lo permitido por el Estado o a particulares que haciendo del robo de árboles un lucrativo negocio se puedan dar el lujo de pagar guías, trabajo de extracción, transporte y hasta eventuales coimas a la policía rural una vez que la mercancía es abonada por los aserraderos de Tartagal y Orán.

Empleados de la secretaria, insisten las voces indignadas, cuentan con una base de datos que permite identificar los catastros para el aprovechamiento forestal y los cupos con los que cuentan para la explotación forestal que precisa de las guías. Es curioso, el sistema fue manejado para lograr la “sustentabilidad” en el manejo de los recursos naturales pero también pueden servir para otras cosas: conocer las propiedades que pueden tener derecho a acceder a guías y no las solicitan por diversos motivos aunque lo mismo se emitan las mismas para ser comercializadas ilegalmente.

En el lucrativo intercambio se señala a las comunidades indígenas como víctimas del mayor despojo. Por ley las mismas tienen permitido la explotación de hectáreas e incluso la extracción de las llamadas maderas de arrastre que no son otras que aquellas que flotan por los ríos y que también se pueden extraer desde una propiedad en particular a los aserraderos. Para ambos casos, por supuesto, se precisan de las guías que legalicen la extracción y el transporte. Con la información que los empleados disponen se puede hacer algunas cosas: adquirirlas a las comunidades a un precio vil para luego comercializar con criollos, darles menos guías para quedarse con un remanente que luego se comercializa, o en algunos casos omitir la entrega para quedarse con el combo completo según los casos o la oportunidad lo disponga.

Las condiciones que posibilitarían la situación son relativamente fáciles de verbalizar: cierto desconocimiento por parte de las comunidades sobre los procedimientos administrativos del enmarañado negocio maderero y también las carencias logísticas para concretar la operación. Sin olvidar, por supuesto, que todo ello requiere también que haya inescrupulosos con el dinero suficiente para comprar voluntades y pobres que por serlo, se vean obligados a poner un magro precio a un beneficio otorgado por la ley.