Advierten por una segunda ola de despidos de empleados estatales

El primer semestre de la gestión de Mauricio Macri estuvo marcado por la ola de despidos tanto en el sector público como en el privado y desde el Gobierno argumentaron que había "muchos ñoquis". Las cesantías fueron impulsadas por el Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra y esa misma cartera envió un documento interno a distintas dependencias gubernamentales para llegar a una "dotación óptima de personal".

El escrito fue girado a las direcciones de recursos humanos de los 20 ministerios y de cinco organismos descentralizados que forman parte del Poder Ejecutivo. Página 12 tuvo acceso a esa directiva en la que se propone una serie de metas y pasos a seguir para que cada organismo pueda adecuar su "dotación inicial" de trabajadores y llevarla a una "dotación óptima". Según define el Ministerio de Modernización, el objetivo es arribar a “la cantidad de recursos humanos para hacer frente a los volúmenes de trabajo de cada uno de los organismos”.




Actualmente hay más de 114 mil contratos que están bajo análisis y se teme por el futuro que puedan tener esos trabajadores. Según informa Página 12, el Gobierno por la Ley de empleo público está habilitado para avanzar con al menos 21 mil jubilaciones. . Por eso uno de los documentos filtrados estipula como objetivo “Identificar las dotaciones de empleados jubilables y de aquellos que podrían acceder al retiro voluntario”.

Los trabajadores que se encuentran "bajo análisis" representan casi el 54% de los empleados públicos, algunos permanentes (78.533) y otros como contratados (36.409). Para realizar el análisis de sus contratos, Modernización impulsó una serie de cuestionarios donde los empleados deben contestar sobre su estado civil, sus antecedentes laborales, su nivel de estudios, el tipo de contrato que los vincula al Estado y sobre cuántas horas semanales trabajan. Además, se les pregunta a qué superior "responden" y cuándo ingresaron a la tarea pública.



En algunas dependencias esta encuesta es realizada por los propios trabajadores, pero no se descarta la tercerización de la tarea mediante la contratación de una empresa privada. Esto es algo que Ibarra ya hizo cuando fue funcionario de la Ciudad de Buenos Aires. En 2012 y 2013 contrató a las consultoras PCG SA y TBT SRL por más de 11 millones de pesos para contabilizar la cantidad de empleados de determinados ministerios e identificar a los trabajadores “jubilables”

fuente: Política Argentina