Enriquecimiento ilícito: una mansión, 2 aeronaves y 11 operaciones con tierras complican a Romero

Mientras aguarda que la Justicia resuelva los dos planteos presentados para impedir que la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos avance con la investigación de su patrimonio, el ex gobernador, Juan Carlos Romero, analiza la difícil situación de explicar en términos legales la fortuna que hizo tras su paso por la gobernación de Salta.

Como ya trascendió, el 5 de diciembre Romero fue notificado de una nueva investigación penal abierta en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, acusación que tiene una pena que va de uno a seis años de prisión con inhabilitación perpetua para la función pública.

Esta nueva causa penal tiene más que preocupado al senador nacional, quien ahora deberá salir a dar explicaciones sobre el millonario incremento de su patrimonio, tanto personal como familiar.

Si bien hasta ahora, el senador nacional, quien busca volver al gobierno provincial, se escudó en sostener que es víctima de una conspiración judicial, esta nueva causa sacó de quicio a Romero, puesto que no sólo se trata de una de las peores acusaciones en el marco de los delitos contra la administración pública, sino porque la obligación de probar la adquisición e incremento de sus bienes es del acusado.

A ello se suma el hecho de que la causa fue abierta por una fiscalía especializada, la cual en el “decreto de audiencia de imputación” ya le señaló a Romero los bienes que tiene en la mira debido a maniobras intermedias que aparecen como sospechosas para la Justicia.

Esto explica su rápida reacción en recusar a la fiscal penal, Mónica Poma, a cargo del caso, y la presentación de un recurso de nulidad para frenar la posibilidad de que sus bienes sean investigados por la Justicia, a la cual Romero evitó dar explicaciones, aún antes de definir su candidatura.

Aeronaves y propiedades sospechosas

Otro de los puntos centrales de la acusación, en tanto, tiene que ver con la adquisición de dos aeronaves. Se trata de un avión LV-BOU y un helicóptero LVYRC. En esta parte, en tanto, la fiscalía menciona a la empresa Avión Sur S.A., como propietaria de las aeronaves, empresa en la cual Romero posee el 51 % de las acciones.

A ello se suman, un total de 11 supuestos negociados con tierras, en los cuales Romero, sus familiares, entre ellos su hijo, Juan Esteban, su hermano, Marcelo Alejandro, y otros ex funcionarios, su abogado personal, Alberto Raymundo Sosa, entre otros, aparecen detalladamente implicados en maniobras societarias sospechosas.

En su planteo, la fiscalía resaltó el deber que tiene la Justicia argentina de investigar los casos de corrupción. Al respecto, la fiscal recordó lo estipulado por la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscripta por la Organización de Estados Americanos y por el Congreso de la Nación.

Uno de los deberes más destacados por esta Convención exige “combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”.

Una mansión amurallada

Entre algunos de los bienes que son objeto de investigación, según fuentes judiciales, se encuentra la mansión que Romero posee en la zona de Castellanos, a la vera de la ruta 28, en la localidad veraniega de San Lorenzo.

Para ocultar esta propiedad y su fastuosidad, el senador nacional mandó a levantar murallones de tierra a su alrededor.

En la investigación preliminar realizada por la Fiscalía de Delitos Económicos, se pudo probar que la propiedad posee una extensión de más de tres hectáreas, con una superficie construida de más de 2 mil metros cuadrados, en la que se incluyen numerosas habitaciones, salas, planta alta, piscina, jardines internos y 11 baños.

Lo que la fiscalía pretende investigar, y lo que Romero debe explicar, es primero la adquisición de la propiedad, compuesta por dos terrenos. Uno fue adquirido por la firma Jucaro S.A., en la que el senador nacional tiene una importante participación societaria, mientras que el otro fue comprado por una sociedad intermedia para Lomas Balcon S.A., también declarada por Romero como una empresa en donde tiene acciones.

El costo de la mansión, de unos 50 millones de pesos aproximadamente, sumado a la inversión realizada en la adquisición de la propiedad, según fuentes judiciales, constituye uno de los entramados más complejos y sospechosos.

Esto, según se comenta, explica por qué Romero oculta su mansión a los vecinos, como así también evita que su familia se refiera a ella o sea motivo.

Fuente: Nuevo Diario de Salta