Educación recibió a los padres de alumnos del Colegio Santa María

Después de una hora y media reunidos con la ministra de Educación, Analía Berruezo, los padres de los alumnos del colegio Santa María que no podrán seguir en la institución el año que viene se mantuvieron en absoluto silencio. "No vamos a dar declaraciones", dijeron tajantes.

De la oficina privada de Berruezo en el Grand Bourg, primero salieron cuatro mujeres que se negaron a dialogar con El Tribuno, y luego de algunos minutos cuatro hombres, entre ellos el abogado de una de las familias, Carlos Saravia. Los padres tampoco quisieron hablar, aunque sí lo hizo el letrado.

"Nos vamos conformes con que haya interés por una situación que tiene relevancia, gravedad y que nada menos involucra a la educación como servicio público", señaló Saravia.

Desde el departamento de prensa del Ministerio de Educación mantuvieron la postura de no hablar, pese a la envergadura que cobró el caso. Dijeron que Berruezo no iba a brindar declaraciones debido a un pedido específico de los padres de los estudiantes que hasta ahora no serían admitidos en 2019 en el colegio Santa María.

De la reunión también participó el nuevo director de Educación Privada, Walter Raúl Benedicto, que también se excusó.

Ayer, el grupo de padres pidió ante el Ministerio que se invaliden las decisiones del colegio, planteo que tendría que resolverse en los próximos días dado que falta muy poco para que terminen las clases.

Si bien es el colegio de gestión privada, apelan al Estado dado que la educación sigue siendo pública y el tema involucra a chicos menores de edad. Más allá de que hay quienes ya tomaron la determinación de no enviar a sus hijos al mismo establecimiento, los padres van a continuar hasta las últimas consecuencias con la denuncia por discriminación, arbitrariedad y derecho de admisión en términos ilegales.

Aparte del Inadi, esperan que Educación dé curso a la presentación y aplique una sanción ejemplificadora. Saravia destacó que la normativa prevé sanciones de apercibimiento, de multas que multiplican hasta 50 veces el arancel que cobra el colegio, también contempla suspensión de la matrícula y hasta una prohibición de brindar un servicio educativo.