En el marco de la causa seguida contra 4 empleados y un permisionario del Registro Civil, acusados de vender irregularmente documentos oficiales, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, pedirá la revocación de la prisión domiciliaria por una serie de pruebas que probarían que uno de los imputados habría intentado entorpecer la causa, según consignó El Tribuno.
Después de los allanamientos y las detenciones realizados el jueves pasado, durante 48 horas los imputados estuvieron detenidos en la Alcaidía, luego el juez Ignacio Colombo resolvió brindarles el beneficio del arresto domiciliario a todos bajo la premisa de un "análisis racional y de proporcionalidad" por no haber riesgo de fuga o entorpecimiento en la causa.
Sin embargo, las nuevas pruebas que desde la Fiscalía presentarán hoy podrían poner en evidencia un claro entorpecimiento en la causa. Uno de los imputados habría hablado telefónicamente con gente del gremio con el objetivo de silenciar a los testigos, varios de ellos que se iban a presentar como encubiertos.
"Pediremos la revocatoria de la domiciliaria, tenemos elementos contundentes de peligro procesal. Hay testigos que están atemorizados porque uno de los imputados se estuvo comunicando telefónicamente con el gremio y gente de la política para pedirles que no hablen", dijo la fiscal a ese medio.
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