Casi la mitad de los beneficiarios del IPV no pagan las cuotas

Sociedad 23 de noviembre de 2021 Por InformateSalta
viviendas ipv

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) es una de las dependencias estatales de mayor demanda social en Salta, transcurre sus 40 años de existencia con un panorama expectante de la política habitacional en medio de la crisis económica y con cierto horizonte de reactivación.

El déficit habitacional en la provincia se ubica actualmente en las 70 mil unidades. En sus 43 años de historia en Salta, se construyeron 75 barrios hasta la fecha, lo que significan unas 65 mil unidades, cifra algo menor que la actual demanda.

IPV

El presidente del IPV, Gustavo Carrizo, aseguró que se han cometido errores y que "siempre se trabaja con la demanda por detrás", aunque este año se pudieron programar unas 5.200 unidades en toda la provincia, desde viviendas hasta edificios, que lógicamente deben contemplar la totalidad de los servicios.

La proyección técnica del Instituto apunta a mejorar los índices de recupero de cuotas y bajar la morosidad con el objetivo de retroalimentar el financiamiento del organismo y avanzar con la construcción de nuevas viviendas.

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La morosidad en el pago de cuotas es alta; llega al 41,8%, aunque es sensiblemente menor a la del año pasado, cuando se ubicaba en el 49%. Casi la mitad de los adjudicatarios no pagaban las cuotas de sus casas. Aunque la pandemia fue el argumento, la morosidad se sostiene desde hace tiempo casi por una "cuestión cultural" de pensar que por ser una vivienda social es gratis. 

"Está establecido entre la gente que la vivienda social no se debería pagar, pero forma parte de un trabajo de concientización para darle el valor de solidaridad a nuestra tarea. Cuando llegamos al terreno siempre decimos que esto es totalmente solidario y que a medida que se pagan las cuotas vamos a poder avanzar con la construcción de más viviendas", sostuvo el funcionario.

gustavo carrizo ipv+

En la oportunidad, explicó que existen planes con cuotas que quedaron desactualizadas de $100 pesos mensuales pero que, pese a ello, mantienen una alta morosidad. Cuando el IPV recupera ese valor la tasa de retorno es mínima y despreciable para reactivar la construcción de nuevas unidades.

Actualmente el sistema para financiar a los adjudicatarios contempla ingresos de hasta 8 salarios mínimos. Por debajo de esa escala se desarrollan otros programas, como soluciones habitacionales. El IPV financia a 30 años la unidad y la infraestructura, con un coeficiente de variación que por el momento está vinculado a los salarios. Este sistema está vigente desde 2018.

El organismo se sostiene hoy con fondos provinciales y nacionales, aunque estos últimos constituyen la mayor parte. Con la denominada "cuota goteo" o cuota Fonavi que la Nación deposita todos los meses como coparticipación de un impuesto al combustible. Ese monto se ubica hoy en los 17 mil millones de pesos anuales.

Los planes nacionales de vivienda contemplan el financiamiento del 100 por ciento del valor de la vivienda, pero no así la infraestructura. Esos fondos son aportados por la Provincia. "Hay que considerar que un pozo de agua sale 20 millones de pesos, más la luz y todas las redes para las viviendas", indicó Carrizo.

Nuevos sistemas de construcción

El IPV comenzará a explorar nuevos sistemas constructivos con materiales innovadores que buscan garantizar el mejor estilo y la calidad de vida.

Una de esas alternativas es el sistema en seco o “steel framing”, que resulta toda una novedad en la provincia y que ya es utilizado en el sector privado. “Estamos analizando y tratando de aplicar el steel framing. Está aprobado por ley como sistema de construcción en Argentina y estamos trabajando para incorporarlo”, adelantó Carrizo.

No solo por la rapidez en el tiempo de construcción sino también para mejorar las condiciones de habitabilidad y optimizar el uso de la energía tanto para calefaccionar como para acondicionar, el sistema muestra ventajas que podrían ser determinantes para su aplicación en las viviendas sociales.

“La parte privada, el Estado y la gente empezó a ver los beneficios. En Salta responde muy bien, sobre todo por el sistema antisísmico que incorpora”, indicó el funcionario.

 

 

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