Estafadores lucran con el acceso a viviendas del IPV

Decenas de familias habrían comprado algunas de las 500 viviendas que el Gobierno de la Provincia debe adjudicar en la ampliación del barrio El Huayco según se denunció en los últimos días. Desde el IPV (Instituto Provincial de Vivienda) aseguraron que se trata de una estafa de terceros y negaron estar relacionados con la supuesta maniobra.

El IPV tiene que sortear, entre familias con problemas habitacionales, casas que se construyen en la zona norte de la ciudad. La fecha para definir quiénes serán los beneficiarios es el 10 de septiembre.

Familias sin vivienda revelaron que pagaron de 10.000 a 15.000 pesos a intermediados que les garantizaron que, entregando ese monto, saldrían sorteadas.

Fuentes que pidieron no ser identificadas aseguraron que los responsables de esta operación ilegítima estarían relacionados con el IPV.

“Estafa”

El presidente del organismo, Fernando Alesanco, rechazó que alguien vinculado al instituto pueda vender adjudicaciones. Consultado el funcionario también remarcó que no hay intermediarios para la entrega de casas.

“Las viviendas son adjudicadas por medio de sorteos públicos y ante escribano”, dijo Alesanco, y consideró que las familias fueron víctimas de una estafa.

El titular del organismo pidió hacer una denuncia policial y aclaró: “Las actualizaciones e inscripciones son personales y gratuitas. El IPV no cuenta con gestores. Todos los trámites se realizan únicamente en las oficinas ubicadas en calle Belgrano 1.349, y también en las sedes del interior en las localidades de Tartagal y Orán”, sostuvo el titular del IPV.

El plazo para que los interesados actualizaran la documentación necesaria para participar del sorteo era hasta el 16 de agosto, pero se prorrogó una semana más porque había una gran demanda.

Para aspirar a ser uno de los 500 adjudicatarios de El Huayco hay que estar registrado en el IPV, acreditar un ingreso superior a los 4.500 pesos por grupo familiar y no poseer propiedades.

Las denuncias sobre irregularidades en la entrega de viviendas sociales en la provincia son recurrentes.

Unas 30.000 familias que no tienen hogar están anotadas en el IPV a la espera de una solución. Algunas tienen la esperanza de resultar beneficiadas hace más de 10 años.

Fuente: Diario El Tribuno