El femicidio ocurrido en El Tipal volvió a poner sobre la mesa la dramática cantidad de mujeres que fueron asesinadas en lo que va del año y llama la atención la saña con la que terminaron con sus vidas. Aunque no hay un dato oficial, de acuerdo a ElTribuno, hay ocho muertes tipificadas como femicidios al mismo tiempo se calculan que entre 9 y 10 mujeres perdieron la vida de forma dudosa y violenta.
Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres su directora, María del Pilar González Sastre sostuvo: "La violencia atraviesa todos los estratos sociales. Es importante entender que está en todos lados, en todos los círculos sociales".
"Hace tiempo venimos advirtiendo la saña con la que se cometen estos tipos de delitos, los femicidios con arma blanca fueron la mayoría si analizamos el año pasado y el anteaño pasado. También hubo casos de ahorcamiento, asfixia", continuó.
Desde el organismo evalúan no solo las medidas de protección que se deben implementar para las personas víctimas sino también la necesidad del trabajo con los violentos.
"Es un tema que ya no podemos desconocer. La violencia trasciende todo, estratos sociales, lugares. Existen modalidades. Hoy hablamos de violencia doméstica, violencia en el trabajo y realmente es una problemática que cada vez nos pone más en alerta. La mayoría de los femicidios se da en parejas y exparejas, en un contexto donde hay un rol de posesión, dominio por parte del femicida".
En este sentido continuó: "Es fundamental empezar a educar distinto y trabajar en cuestiones más profundas con los hombres que ya tienen una denuncia, una mente agresiva, y que creen que tienen un poder sobre la otra persona".
Respecto a las políticas públicas, Sastre precisó: "Somos parte del esquema y obviamente falta mucho trabajo por hacer. Decir que todo funciona perfecto es irrisorio. Se trata de establecer entre todos los organismo del ámbito de la Justicia y del Ejecutivo, cómo podemos abordar mejor la demanda social que tenemos con los recursos existentes".
En este punto se debe recordar que la Ley 7857 de "Emergencia Social por Violencia de Género en la Provincia de Salta" fue sancionada en el 2014 con el objetivo de poder erradicar el fenómeno de la violencia de género, que venía incrementándose en Salta sin que existiera capacidad de respuesta. La normativa fue prorrogada sucesivamente en 2016, 2018 y 2022. Rige hasta 2024.
"Hace 8 años que estamos prorrogando la ley de emergencia, o sea, la situación es grave. Desde el 2015 se incrementaron muchísimo las denuncias, casi mas del doble hasta ahora, entonces obviamente hay que optimizar lo que hoy hay, pero el incremento de recursos es indispensable, por ejemplo en salud mental, que es determinante para la persona que violenta y para la persona violentada, porque por más que se imponga una medida de protección, si no trabajas con esa persona es muy probable que los hechos se vuelvan a repetir". sentenció González Sastre.
Por su parte, Irene Cari del Foro de Mujeres habló de la situación de vulnerabilidad que tienen las mujeres: "Estamos acechadas en cualquier contexto, es una cuestión de género. Ninguna está a salvo. Nos puede pasar a cualquiera".
"El Estado no cuida las vidas. Hay una cadena de inoperancias", criticó sobre el resultado de las políticas públicas que se llevan a cabo para mitigar la situación.
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