La Provincia recuperaría el hangar que Romero cedió

Por medio de esa acción se había entregado a la empresa “Finca de la Represa S.A”, dirigida por Juan Esteban Romero, hijo del entonces gobernador, la utilización gratuita durante 20 años, prorrogable por 10 años más, de un terreno en el aeropuerto Gral. Martin Miguel de Güemes para la construcción de un hangar y oficinas privadas que, en los hechos, se pudo comprobar, que utilizo en realidad la firma “Avión Sur S.A., propiedad del ex gobernador, para la guarda de sus aeronaves privadas.

La demanda de nulidad que promoverá la Fiscalía de Estado persigue que la justicia deje sin efecto el contrato que beneficia indebidamente al Senador Juan Carlos Romero, quien se auto atribuyó, utilizando como “pantalla” a la empresa de su hijo Juan Esteban, el uso de un inmueble del Estado para beneficio personal de manera claramente incompatible con el ejercicio de la función pública.

La contratación irregular originó en su momento una investigación penal a cargo del Fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, quien el 23 de abril pasado requirió la elevación de la causa a juicio contra Romero, como autor de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, en concurso real.Junto con el senador, están imputados el concejal Raúl Romero Medina, ex Secretario General de la Gobernación, como cómplice primario de los mismos delitos, en concurso real; Ricardo Funes, ex Director de Aviación Civil, como cómplice primario de los mismos delitos, en concurso real; y Juan Esteban Romero, en su carácter de presidente de “Finca de la Represa S.A.”, como coautor del delito de administración  fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.

Mediante el decreto 1477, dictado el 21 de mayo último, el gobierno declaró lesivos a los intereses públicos el contrato y dispuso instruir a la Fiscalía de Estado para que promueva el  juicio con la finalidad de obtener la restitución del inmueble  al patrimonio de la Provincia.

Abel Cornejo pidió plazos para la definición El juez de la Corte de Justicia Abel Cornejo manifestó que la Corte de Justicia no puede tomarse un año para expedirse sobre la declaración de Romero ante los jueces penales que lo investigan, y consideró que se deben fijar plazos para ese tipo de resoluciones.

Abel Cornejo votó el año pasado a favor de la aplicación de la Ley 25320/02 donde se establece que una persona puede ser citada a un juzgado, aunque tenga fueros de cualquiera de los tres poderes, sin necesidad de pedir su desafuero.

Fuente: Diario Punto Uno