Los hechos sucedieron en 2022. Después del escándalo el concejal Ricardo "Pitu" Colque fue expulsado del Concejo Deliberante y en su lugar asumió Franco Biella.
La causa se inició como noticia criminis después que se dieran a conocer los hechos que involucraban a Ricardo "Pitu" Colque en hechos de violencia de género con quien en ese momento era su pareja pero habia decidido no presentar denuncia. Las actuaciones continuaron a fin de proteger su integridad física y emocional, y prevenir futuras agresiones.
Los jueces del Tribunal de Juicio Sala 3 del Distrito Centro condenaron a "Pitu Colque" a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y costas, por resultar ser autor material y penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por la violencia de género.
La mujer relató que el 13 de agosto de 2022, tras cargar su tarjeta Saeta en Barrio Casino, tomó un camino alternativo de regreso a su casa. Cuando volvía a su vivienda el, en ese momento, concejal la acusó de haberle sido infiel, le revisó su celular y la obligó a bajarse los pantalones en la vía pública para verificar sus sospechas. Ella se negó e intentó resolver la situación en casa, pero él continuó agrediéndola.
La mujer corrió a su casa y llamó al 911 para pedir ayuda mientras el acusado la perseguía.
El exconcejal la acusó de haberle sido infiel, le revisó su celular y la obligó a bajarse los pantalones en la vía pública para verificar sus sospechas
Anteriormente el día 13 de julio de 2022, según consta en informe policial, durante una discusión, él acusado agredió físicamente a su pareja, tomándola por el cuello, empujándola contra la pared y golpeándola en el rostro, piernas y cabeza.
Los vecinos de la pareja alertaron a la policía, pero su pareja intentó evadir la intervención policial no respondiendo al llamado a la puerta de la vivienda y cuando fue contactado telefónicamente, argumentando que no se encontraba en el domicilio. Sin embargo, cuando intentó retirarse, se encontró con una consigna policial que solicitó entrevistarse con la damnificada, quien, por instrucción de su pareja, dijo que estaba todo bien.
La mujer manifestó que a pesar de estos incidentes, ella no había radicado denuncias por temor a perjudicarlo, ya que él se desempeñaba como concejal. La víctima también relató que, en ocasiones anteriores, su pareja la golpeaba en el cuerpo y luego se volvió más cauteloso, enfocándose en golpes en la cabeza, lo que le causaba constantes dolores y hematomas. Ella siempre terminaba siendo dejada en la calle y, por temor, no deseaba radicar denuncia alguna.
Desde la Fiscalía se estableció un espacio de concientización con la damnificada sobre la violencia de género, y pese a que manifestó no desear ser beneficiada por medidas cautelares, el equipo interdisciplinario evaluó que estas serían necesarias para protegerla de posible violencia psicológica.
Colque, además, deberá fijar domicilio y comunicar al tribunal cualquier variación del mismo y someterse al control del Programa de Reinserción Social de Presos y Liberados de la Provincia de Salta; Abstenerse del consumo de sustancias estupefacientes y del abuso de bebidas alcohólicas; Establecer prohibición de acercamiento a un radio no inferior a los trescientos metros, de contacto a través de cualquier medio y del ejercicio de violencia física, psíquica y/o verbal, respecto de la víctima y su grupo familiar.
A lo anterior, se le suma que deberá realizar tratamiento psicológico, previo dictamen de especialistas que determinen su necesidad y conveniencia, y lo sea por el plazo que los mismos aconsejen; todo ello bajo apercibimiento de revocar la modalidad de ejecución de pena en suspenso en caso de incomparecencia injustificada. Todas estas conductas deberán ser respetadas por dos años.
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