Una cautelar que afecta a empresas y genera gastos innecesarios: Es necesario eliminar el aporte obligatorio al INACAP

En marzo, el Gobierno nacional eliminó los aportes obligatorios que las empresas debían pagar a cámaras empresariales y otras entidades, incluso sin estar asociadas. La medida, establecida por el decreto 149/2025, apunta a terminar con cargas económicas que no ofrecían beneficios concretos ni a empleadores ni a empleados. Mucho menos a los laburantes del interior, ya que no reciben una charla, ni capacitación ni nada a cambio de un pago a una entidad que se queda mes a mes con millones sin hacer nada por el beneficiario.

Esta medida fue muy celebrado por todo el sector del Comercio ya que eliminaba un gasto sin sentido.

Sin embargo, el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio presentó una medida judicial contra ese decreto, donde el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 45 resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó la suspensión provisoria de la aplicación del DNU 149/2025 respecto del INACAP.

En consecuencia, lamentablemente todos los empleadores comprendidos en el ámbito de aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo N.º 130/75 de empleados de comercio y servicios siguen obligados a realizar el aporte mensual al INACAP en los términos del acuerdo colectivo vigente y homologado.

Un costo que encarece el trabajo sin sentido

El caso del Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap), que desde 2008 cobraba un 0,5% del salario inicial de los trabajadores mercantiles es un claro perjuicio al empleador.

El INACAP es una entidad creada en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 para empleados de comercio, con el objetivo de capacitar a trabajadores y empleadores del sector mercantil. Pero en la práctica nunca hizo nada por el trabajador, solo alimentar una caja sin sentido.

Lo que se queda equivale a unos $4.725 por empleado (Según estimaciones del mes de marzo 2025), lo que se traducía en un flujo de alrededor de $5.600 millones por mes o casi $70.000 millones anuales para esta entidad. Son millones a cambio de nada,

Este gasto recae en las empresas, que deben abonarlo sin importar si estaban o no afiliadas al Inacap. En la práctica, se trata de un costo extra que encarece cada puesto de trabajo, resta competitividad y no genera mejoras visibles para los empleados.

Sin beneficios reales para los trabajadores

A pesar de presentarse como un fondo de capacitación, lo cierto es que la mayoría de los trabajadores no recibe una contraprestación clara o tangible por este aporte. En los hechos, es una contribución obligatoria que termina siendo percibida como una carga más, sin impacto positivo en el día a día laboral.

Dejar de ser obligatorio 

Ese decreto, donde estos pagos pasaban a ser voluntarios, debe volver a aplicarse, ya que significa que solo aquellas empresas que realmente quieran y consideren valioso aportar al Inacap u otra entidad podrán hacerlo. El resto ya no debe está obligado a financiar un sistema que no sirve para nada.

Un paso hacia la transparencia

La eliminación de estas contribuciones forzadas no solo representaría un alivio económico, sino también un avance hacia un sistema más transparente y justo. Es eliminar privilegios que ya no tienen razón de ser.

Más recursos para el empleo genuino

Al dejar de pagar este tipo de aportes, los comerciantes disponen de mayor margen para invertir en su propia capacitación interna, mejorar las condiciones laborales o sostener el empleo. En un contexto económico complejo, cada peso que no se destina a estructuras burocráticas innecesarias puede ser un respiro para el sector productivo.