El pedido de desafuero de Romero debilita al Peronismo Federal

La reciente solicitud de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos de desaforar al ex gobernador, Juan Carlos Romero, en una causa abierta en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito cambió el clima en el seno del Peronismo Federal, bloque opositor que integra el senador salteño.

Sabido es que este arco opositor, dentro del senado nacional, se había encaramado en una firme postura por desaforar al presidente de la Cámara Alta, y vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, quien arrastra un procesamiento penal por los delitos de cohecho y mal desempeño de sus funciones como funcionario público, en la causa conocida como Ciccone.

Pese a la presión ejercida para que esto suceda, la bancada oficialista, con Juliana Di Tullio a la cabeza, salió a garantizar la continuidad de Boudou, hecho que provocó que la oposición le adjudicara al kircnerismo el haber transformado al Congreso Nacional en un “aguantadero”, tal como lo aseveró la diputada, Graciela Camaño, del Frente Renovador.

El pedido de desafuero de Romero, sin embargo, dio un giro inesperado para el arco opositor dentro del Senado de la Nación, pues ahora uno de sus integrantes pasó a estar parado al lado de Boudou, con la diferencia de que el vicepresidente, al menos, se avino a los actos procesales más básicos, como el de prestar declaración indagatoria, algo que el ex gobernador salteño se niega a cumplir.

Las miradas de reojo a Romero dentro del Peronismo Federal no tardaron en incomodar a sus principales integrantes, quienes ven como riesgoso seguir aguantando al senador salteño dentro del bloque, por lo que redujeron su exposición al máximo e incluso no descartan sacárselo de encima muy pronto.

Algunos creen que el primero paso ya fue dado hace unas semanas, cuando en la reorganización de la presidencia del Senado, el Peronismo Federal aprovechó y tras hacer valer su superioridad numérica frente al bloque de centro izquierda, reclamó la vicepresidencia primera, aunque borró a Romero para ese puesto.

En este marco, la decisión de bajar a Romero se la adjudican a su par de San Luis, Adolfo Rodríguez Saa, quien habría manifestado que Boudou aceptó cederle la vicepresidencia primera al Peronismo Federal, pero si sacaban a Romero, lo cual fue decidido “in situ”, sin ninguna discusión previa.

Esto, de alguna manera, evidencia la pérdida de poder de Romero dentro del Senado, aspecto que días después trato de recomponer al operar para quedarse como vicepresidente del Consejo Nacional del PJ Paralelo, una suerte de geriátrico del justicialismo disidente.

Postura inexplicable

En los últimos días, la trascendencia que cobró el pedido de desafuero contra Romero, volvió a caldear los ánimos del Peronismo Federal, donde el senador salteño prácticamente ya no tiene injerencia, pues sus colegas estarían molestos por la cerrada postura del salteño de no presentarse a indagatoria.

Según se comenta, Romero tiene una manía por evitar cualquier foco de conflicto donde pueda ser cuestionado. Tal es el caso que algunos senadores del bloque opositor renegaron del senador salteño por no aceptar que el Peronismo Federal vaya al recinto a debatir la nueva Ley de Inteligencia, decisión que el propio senador puntano consideró un error.

Para varios senadores de la Cámara Alta, la postura de Romero de no presentarse es ridícula y caprichosa, pues hay claros ejemplos de otros legisladores nacionales que enfrentan causas penales, como Carlos Saúl Menem,  compañero en la derrota electoral que Romero sufrió en el año 2003, y el propio Boudou.

Cabe mencionar que Menem fue condenado en junio de 2013 a siete años de prisión por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, ocurrido entre los años 1991 y 1995. Dado que apeló esta sentencia ante la Cámara de Casación, el senador riojano sigue sin ir a prisión, precisamente, gracias a sus fueros.

Por si fuera poco, el ex presidente también está procesado por supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA en 1994, como así también tiene pendiente otro procesamiento y embargo por la supuesta venta fraudulenta del predio ferial de Palermo, propiedad del Estado nacional, a la Sociedad Rural Argentina.

El ex gobernador, Carlos Reuteman, es otro de los integrantes del Peronismo Federal con problemas con la justicia penal, pues en su contra existe una causa por la muerte de 158 personas en las inundaciones de los años 2003. También está imputado por la venta del banco Santa Fe a los hermanos José y Carlos Rohm.

Sin embargo, la situación de Menem y Reuteman no se compara con la de Romero, quien tiene abiertas nueve causas penales por delitos de corrupción, sin haberse presentado a indagatoria en ninguna de ellas, algo que ya se torna  imposible de sostener para el Peronismo Federal.

Para tratar de ocultar su insólita postura de no presentarse ante la justicia a dar explicaciones o simplemente hacer uso de su derecho de no declarar, Romero lleva adelante una intensa campaña mediática y jurídica por instalar la idea de que las acusaciones se deben a un plan político para desacreditarlo.

Lo más llamativo de esta hipótesis y que nadie entiende en el Senado de la Nación es que la misma Corte de Justicia de Salta, en un fallo apelado por el ex gobernador, haya confirmado la obligatoriedad de Romero de prestar declaración indagatoria, tal como lo establece la Ley Nacional de Fueros, en su artículo primero.

Al respecto, dicha reglamentación sostiene que “cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión.”. “El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político.”.

Frente a esta claridad de la Ley, entendida muy bien por Menem y Boudou, las chances de que Romero obtenga apoyo para zafar de un posible desafuero se desvanecen a medida que las causas penales en las que está imputado salen a luz en la esfera nacional,  algo que complica a los opositores en su lucha por desbancar al vicepresidente de la Nación.

Fuente: www.informatesalta.com.ar