El gobernador Casas comparó el crimen del cadete de policía con muerte del soldado Carrasco

Ámbito.com/ En una conferencia de prensa ofrecida en la residencia oficial, el mandatario señaló que "salvando las distancias", en la Escuela de Policía riojana "pasó lo mismo" que en el regimiento neuquino y que en otras provincias ocurrieron casos similares, aunque no derivaron en una muerte.

Acompañado por el ministro Juan Luna, interinamente a cargo de la cartera de Gobierno, Casas anunció esta tarde la remoción del secretario de Seguridad de la provincia, Luis Angulo, y del jefe de Policía, Luis Páez tras conocerse la muerte de Garay (19), internado en grave estado desde el lunes.

El mandatario anunció que el nuevo ministro de Gobierno será el militar retirado Alejandro Mariconi, la secretaría de Seguridad quedará a cargo el comisario retirado De la Fuente y el nuevo jefe de Policía será el comisario Marcelino Elizondo.

Casas también anunció que quedan suspendidos "por 15 o 30 días" los ingresos a la Escuela de Policía y, tal como lo había indicado esta mañana a través de las redes sociales, afirmó que "se va a ir hasta las últimas consecuencias" para saber qué ocurrió.

Tras mostrarse "muy compungido y dolido" por lo ocurrido con el cadete, el gobernador dijo que se suspenden todos los actos oficiales previstos para hoy, entre ellos su presencia en la Fiesta de la Chaya, que igual se realizará.

El cadáver de Carrasco (18) fue encontrado oculto en dependencias del Regimiento de Artillería 161 de Zapala el 6 de abril de 1994, casi un mes después de que su familia denunciara su desaparición.

El joven, oriundo de Cutral Có, había sido incorporado al servicio militar el 3 de marzo de ese año y fue asesinado tres días después en el transcurso de un "ejercicio" de orden cerrado. Sin embargo, fue declarado "desertor" por las autoridades militares, que de inmediato pergeñaron estrategias de manipulación y encubrimiento para negar su responsabilidad en el crimen. 

Tras un controvertido proceso judicial, fueron condenado a 15 años de prisión el subteniente Ignacio Canevaro y a 10 años los conscriptos Cristian Suárez y Víctor Salazar. La conmoción nacional que provocó el llamado "caso Carrasco" derivó en la derogación de la ley de servicio militar obligatorio durante el segundo gobierno del peronista Carlos Menem.