Juicio a narcopolicías: promovieron una zona liberada para la venta de drogas

Por esas raras ironías, el debate, previsto con bastante tiempo de antelación, comienza mañana, a dos días de la detención de la cabo, Eliana Lourdes Fuentes San Millán, involucrada en una nutrida banda de narcos que operaba en la zona norte de la ciudad.

El juicio se llevará a cabo en la Sala de Grandes Juicios por la Sala VI del Tribunal de Juicio, presidido por la jueza Mónica Mukdsi junto a los vocales, Guillermo Pereyra y José Luis Riera, mientras que en representación del Ministerio Público estará el fiscal de la Unidad de Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto.

En tanto, y por parte de los diez imputados, ocho de ellos efectivos de distintos rango de la Policía de la Provincia, se encuentra el reconocido abogado penalista, Marcelo Arancibia.

Sin dudas el debate, de gran trascendencia mediática, recreará en parte aspecto de la causa penal que terminó el martes pasado con la detención de 17 personas, entre ellas la cabo Fuentes San Millán, quien, al parecer, era un “elemento” que esta banda había logrado instalar dentro de la fuerza policial para así estar un paso delante de la ley, pudo saber InformateSalta. 

Este, casualmente, fue uno de los objetivos de la banda que fue desbaratada el 20 de octubre de 2016, cuando efectivos de la Delegación Salta de la Policía Federal detuvieron en plena vía pública a una dotación de policías del Sector 5 de Drogas Peligrosas, cuando se dirigían a realizar un procedimiento antidroga.

Los imputados

Los federales interceptaron a sus colegas de Salta en dos puntos. Uno, en calle Olavarría, entre San Martín y Mendoza, y el segundo sobre calle San Juan al 2.000. Los policías investigados estaban repartidos en dos vehículos, un Renault Clio, en calle San Juan y un Chevrolet Corsa, en Olavarría.

Por otra parte, también se allanó un domicilio ubicado sobre calle Juan Ramón Boedo al 1.400, domicilio de Sandra Elizabteh Serrudo y su hijo, Alfredo Thiz, alias “Cuchito”. Esta mujer era pareja del policía Pedro Gustavo Carrizo, cuya casa, en barrio La Paz, también fue allanado.

Carrizo, cabo de jerarquía, integraba el Sector 5, encabezado por el subcomisario, Ricardo Enrique López, quien fue detenido junto al oficial  auxiliar, Daniel Vizgarra; el sargento ayudante, Rafael Siares; el agente, Sergio López; la sargento ayudante, Nancy Bruna; el cabo, Pedro Gustavo Carrizo, Carlos Alfredo Erazo  y el cabo, Javier Ramón Costilla.

Ese mismo día, en horas de la tarde, la fiscal penal 5, Gabriela Buabse, quien llevó adelante la investigación, imputó a los policías, Serrudo y su hijo en distintos delitos, entre ellos los de de “asociación ilícita”, “confabulación”, “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravado por la participación de tres o más personas en forma organizada y por haberse cometido por funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de los delitos”, “violación de secretos”, “omisión de los deberes del oficio”, “tenencia simple de estupefaciente” e “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

Las calificaciones penales imputadas son de alto calibre, según pudo saber InformateSalta,  pues sólo por los delitos de asociación ilícita y confabulación, la Ley 23.737 estable penas con un máximo en la escala penal de 16 años de prisión, por lo que se espera que las distintas defensas busquen aminorar la responsabilidades de sus defendidos a partir de planteos y distintas objeciones.

Como operaba

Básicamente los diez imputados están acusados de “manejar” a su antojo la venta de droga en los barrios Alta Tensión y Santa Victoria, en la zona oeste de la ciudad, la cual, casualmente, era la jurisdicción que estaba a cargo de los policías para la persecución penal de las personas que se dediquen a la venta de estupefacientes.

Los policías, sin embargo, echaron por tierra esta misión y prácticamente habían puesto todos los recursos y medios de la institución policial a disposición de una sola boca de expendio, sobre la cual, obviamente, tenía el control absoluto.

A tal punto llegó el grado de corrupción policial que los efectivos, según el requerimiento de juicio, se había encargado de sacar de circulación a los otros competidores, con lo cual monopolizaron la venta de drogas en manos de Serrudo, quien, a su vez, se había convertido en un socio ideal para los policías involucrados.

En busca de conservar este sistema, los policías no sólo brindaban protección a Serrudo, a quien alertaban sobre la presencia de otros policías que llegaban para investigarla, sino también “armaban” causas para sacar del negocio a los otros vendedores.

El día que fueron detenidos, casualmente, los policías se dirigían a una casa del barrio Santa Victoria a fin de realizar un allanamiento en la vivienda de un tal “Rafa”, quien Serrudo marcó como su principal competidor en la comercialización de drogas de la zona.

Al ser requisados, se pudo verificar que los policías del Sector 5 llevaban la droga que tenían pensado “plantar” en el domicilio de “Rafa”, un plan del cual la fiscalía ya estaba al tanto, pues tenía los teléfonos intervenidos de la mayoría de los acusados. Además, en los allanamientos se logró el secuestro de droga, teléfonos celulares, dinero y otros elementos de prueba propios de las organizaciones dedicadas a la venta de estupefacientes.