Arenas negó que las tierras hayan sido un regalo de Romero

La familia de Joaquín Arenas denunció penalmente ayer a un medio gráfico afín al oficialismo, el Nuevo Diario, que publicó en la víspera una diatriba sin fundamento ni prueba alguna contra el damnificado, fallecido en 2007 y padre del periodista Rubén Arenas.

Según El Tribuno, la especie fue reproducida también por las páginas digitales financiadas por el Estado Informate Salta y El Intransigente.

Lo acusan de haber recibido tierras de manera ilegítima en el marco de una operación con la complicidad del Ejecutivo provincial en 1997 y que luego de 14 años sus hijos vendieron. En razón de ello, los hijos de Joaquín demandaron a ese medio (Denuncia N° 283), pues tienen los comprobantes que acreditan la falsedad de la información vertida con el afán de desprestigiar a su hermano Rubén Arenas, quien trabaja en El Tribuno, e involucrar a su padre ya fallecido y a Juan Carlos Romero en un escándalo.

“Mi papá nació en 1930 y las tierras se las otorgaron por la posesión veinteañal. Se lo reconocen después de casi 6 años que realizó el trámite yendo y viniendo a Casa de Gobierno. Así estuvo desde 1992 que es cuando arrancó el trámite. Es una canallada decir que se las entregó Juan Carlos Romero como regalo a mi padre, cuando mi abuela vivía ahí desde 1890, razón suficiente para que esas tierras nos correspondan”, explicó Irene Arenas. “Mi padre se apoyó en la ley veinteañal, nunca nadie nos regaló nada. Absolutamente nada. Además mi papá no conoció a Juan Carlos Romero”, dijo a su vez Gladdis Arenas.

Según lo publicado, en 1997, Arenas se habría beneficiado con 1.523 hectáreas en la localidad de Coronel Juan Solá, gracias a un “regalo” del Gobierno de Salta dentro de un “negociado” con tierras fiscales. Sin embargo, la documentación fehaciente demuestra que Joaquín Arenas obtuvo en aquel año 1.523 hectáreas en virtud del trámite que él mismo inició por la posesión veinteañal de esa tierra en 1992, avalado por el decreto ley N° 8.371 de 1968. Fue durante el gobierno de Roberto Ulloa que Joaquín Arenas, junto con otros dos vecinos, iniciaron el trámite para la titularidad de esas tierras en las que él nació en 1930 y en las que sus padres vivían desde hace más de un siglo. A uno de aquellos se le reconocieron y otorgaron 3.200 hectáreas, 2.400 a otro, en tanto que a Arenas, 1.500. En 2011, cuatro años después de la muerte de Joaquín y tras 14 años desde que el Estado les otorgara la titularidad, la viuda y sus siete hijos, por decisión familiar, vendieron la propiedad. Y lo hicieron amparados por la ley N° 6.570 de 1989 que establece en su artículo 15 que “Queda prohibido por el término que fije el organismo de aplicación, que no podrá ser inferior a diez (10) años a partir de la adjudicación, vender o arrendar la misma, salvo supuestos excepcionales debidamente fundados. El incumplimiento de dichas obligaciones será causal de revocación, quedando las sumas que se hubiesen abonado para la Provincia en concepto de compensación por el uso del predio”.

Las acusaciones y la mala interpretación no solo recayeron sobre el difunto Joaquín, sino que involucró además a sus hijos, sobre todo a Rubén, a quien acusan de vender la propiedad y resultar único beneficiado con el fin de llevar el dinero “a las manos de algún superior”.

Otra vez los documentos ponen de manifiesto las mentiras vertidas pues tanto Rubén Arenas, como su hermana Irene, eran los apoderados de las 1523 hectáreas, es decir los únicos autorizados para actuar en nombre de los herederos.

El 35% del monto de la venta a la empresa San Miguel Norte S.R.L fue para la esposa de Joaquín (Rafaela Juárez) quien la invirtió en su casa. El resto lo dividieron, en partes iguales, entre los hijos del matrimonio.

En la denuncia que se radicó en la Fiscalía Penal N° 6, el denunciante, Rubén Arenas, plasmó en relación con la nota publicada por Nuevo Diario que “se trata de un artículo dañino, malicioso y de mala fe, donde se me hace aparecer como instrumento de un delito. Hago responsable al editor y/o redactores del Nuevo Diario por la injuriosa información”. El periodista y sus familiares afirmaron que podrían ampliar la denuncia una vez que se contacten con sus asesores legales.

Fuente: Diario El Tribuno