Desde el vencimiento del DNU, se presentaron más de 300 demandas de desalojo en Salta

El inicio de juicios por desalojo cayó a menos de la mitad en 2020. La baja que se registró el año pasado se explica porque días después de que comenzó la pandemia el presidente Alberto Fernández firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 320/20, que suspendía en todo el país la posibilidad de forzar la salida de inquilinos de una vivienda por falta de pago, consignó El Tribuno.

El 31 de marzo venció la última prórroga del decreto presidencial, lo que hacía prever que comenzaría una ola de pedidos de desalojo de familias que no pudieron seguir cumpliendo con los propietarios de las viviendas por el combo que atrapó a gran parte de la población: caída de los empleos, paralización de la economía y aceleración de la inflación.

Entre los deudores también estuvieron los que aprovecharon para especular con la medida presidencial que buscaba evitar que quedaran en la calle los grupos más vulnerables y simplemente dejaron de pagar. A casi cinco meses de vencido el decreto nacional, empiezan a conocerse noticias de personas que recibieron el aviso de que deben dejar propiedades por deudas de alquiler. 

Punto por punto, los nuevos contratos de alquiler desde julio

La información parcial del Poder Judicial de Salta para 2021 muestra que, en unos cuatro meses desde la finalización del DNU, la cantidad de demandas presentadas en tribunales es de 303. El número permite anticipar una tendencia creciente de los pedidos de desalojo.

Las estadísticas arrojan que en 2019 hubo un promedio de 51 demandas iniciadas por mes y, en 2021, tras el cese del DNU, más de 70 por mes.

A nivel nacional, Salta tiene una participación alta en el porcentaje de viviendas que se ordena desocupar por deudas. Según un informe del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, basado en datos de la Cámara Civil y Comercial de la Nación, durante 2019 en todo el país se realizaron 3.297 juicios de este tipo. En ese período hubo 612 demandas en la provincia, lo que representa un 18 por ciento del total de procesos judiciales iniciados en la Argentina.