Fiesta en Olivos: el fiscal rechazó que el DNU que impuso la cuarentena sea inconstitucional

Justicia 30 de agosto de 2021
olivos

El fiscal federal Ramiro González rechazó este lunes el planteo del abogado de Stefanía Domínguez, amiga de Fabiola Yáñez, sobre la inconstitucionalidad del DNU presidencial que establecía la cuarentena, en el marco de la causa que investiga las visitas a la quinta de Olivos cuando regía ese decreto, más específicamente el cumpleaños de la primera dama celebrado el 14 de julio del año pasado, del cual también participó Alberto Fernández.

Mientras el presidente y sus funcionarios sostienen que todo fue un error y que ni siquiera se cometió un delito, la Justicia federal investiga la comisión de al menos dos violaciones a la ley. La primera es la desobediencia del DNU que prohibía no sólo los encuentros sociales, sino también la circulación con la excepción de quienes eran considerados personal esencial. Conjuntamente, se investiga el posible incumplimiento de los deberes de funcionario.


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El jueves pasado, minutos después del pedido de sobreseimiento del Presidente, el fiscal González lo imputó al igual que a la primera dama y a los demás invitados a la celebración.

En ese contexto, el abogado Mauricio D'Alessandro, que representa a Stefanía Domínguez -apuntada por el gobierno como la responsable de filtrar la fotografía del festejo del 14 de julio- presentó un escrito ante el fiscal, en el que planteó la inconstitucionalidad del DNU que habría sido violado.


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Al fundamentar ese planteo, D'Alessandro indicó que los decretos de necesidad y urgencia "son una excepción, y como su interpretación debe ser restrictiva", y que cuando Alberto Fernández firmó el DNU que impuso una estricta cuarentena "no había circunstancias excepcionales en cuanto al funcionamiento y ejercicio de las legales y constitucionales facultades legislativas, que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previsto por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes".

En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que el Poder Ejecutivo Nacional "se encontraba facultado para dictar estos decretos frente a la necesidad de salvaguardar la salud pública".

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