Ex encargada de comidas del Hogar Escuela podría hacer un juicio millonario a la provincia

En una votación holgada, según lo informado a La Voz de Salta, siete miembros de la Corte de Justicia impusieron su criterio en el marco de un litigio iniciado por la empresa de catering MGB, perteneciente a Macarena García Bes, quien desde 2011 reclama daños y perjuicios por su salida escandalosa como encargada del servicio de comida en el Hogar Escuela Carmen Puch de Güemes. 

En aquel momento se vinculó su adjudicación a ese servicio a una amistad con la hermana de quien era por ese entonces el gobernador, retrucó que no se había ejercido a su favor tales vínculos de amistad, pues en noviembre de 2011 debió retirarse de la escuela con todos sus trastos. 

“Trabajé con ella (por Soledad Urtubey), pero no tiene nada que ver. Ahora quedó demostrado que no había ningún amiguismo político”, dijo a un medio local, cuando las autoridades educativas provinciales finiquitaron su contrato. 

La empresaria había ganado la licitación, la que se materializó mediante un contrato de locación de servicio protocolizado el 21 de julio de 2011, a través del cual debía cumplir con un total de 120 mil raciones de comidas al año, en las que estaban incluidas el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. 

Al presentarse en la licitación, la empresa ofreció un presupuesto de 14 pesos diarios por alumno, sin embargo, cuando comenzó el servicio se dieron que había un 25 % menos de estudiantes, como así también el costo ofertado ya se había desactualizado. 

Incremento 

Tanto que el 8 de septiembre, la empresa elevó al Ministerio de Educación una “solicitud de reajuste de precios correspondiente a la estructura de costos”. En concreto, se requería un aumento del 50 %, o sea 7 pesos más, pero el Ministerio de Educación recién respondió dos meses después, el 9 de noviembre. 

En el fallo, se consignó el aumento de la ración a 19,22 pesos, desde agosto de ese año, lo que fue consignado en la resolución N°279/12. Al margen de que el incremento aprobado era de dos pesos menor al requerido, surgió en medio otro inconveniente respecto a una decisión de la empresa de renunciar al servicio, para lo cual se apeló normas establecidas en el pliego de licitación. 

En concreto, se estableció que García Bes remitió una “presentación efectuada” a la “señora Ministra de Educación de la Provincia con fecha 10/11/2011” en la que “comunicó que el día subsiguiente, sería el último en que su empresa prestaría el servicio contratado”. 

Asimismo, rechazó la notificación cursada el 9 de noviembre de 2011 respecto al pedido de incrementar el precio de las raciones. En declaraciones públicas, García Bes negó que tal presentación se haya tratado de una renuncia, sino que la misma fue remitida para informar que ya no estaba en condiciones de cumplir con lo pactado, situación devenida por la falta de actualización del precio de la ración, entre otros aspectos. 

Para las autoridades educativas, en cambio, la presentación fue una renuncia y, en vista de ello, ordenaron a la directora del establecimiento que pusiera de patitas en la calle a la empresaria, quien al llegar a la cocina se dio con que todo estaba con llave y no se le permitía ni siquiera llevarse sus elementos de cocina. 

Por mayoría 

El escándalo, como García Bes lo adelantó, terminó en los tribunales de la ciudad judicial, pues presentó una demanda ante un juzgado Civil y Comercial, ante el cual reclamó de la Provincia un pago de más de 2 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios por incumplimiento contractual. 

La demanda fue presentada el 30 de agosto de 2017, siendo la misma rechazada por ser considerada “extemporánea” por el Juzgado Civil y Comercial que receptó la pretensión de García Bes. Además, se consideró que la demandante había agotado todas las instancias y que simplemente dichas gestiones no le fueron favorables. 

García Bes, sin embargo, no se quedó con esa decisión y acudió a la Corte de Justicia en contra de la sentencia de grado. El 2 de septiembre pasado, cuatro años después, la Corte de Justicia emitió finalmente su posición frente a este litigio. 

En fallo dividido, los jueces Sergio Fabián Vittar, Sandra Bonari, Guillermo Alberto Catalano, Adriana Rodríguez Faraldo, María Silvina Domínguez, María Isabel Romero Lorenzo y José Gerardo Ruiz resolvieron admitir formalmente la demanda. 

Los jueces, a través de un criterio amplio, reconocieron que la empresaria comenzó sus reclamos en 2013, sin que el Ministerio de Educación haya respondido a todos los reclamos mediante la vía administrativa, por lo que García Bes no tuvo otra opción que acudir a la vía judicial. 

La mayoría, sin embargo, abrió las puertas de la demanda judicial, lo cual podría terminar con un reclamo de más de dos millones, pues si se tiene en cuenta el inicio de la demanda, 30 de agosto de 2017, en caso de obtener el reclamo, el montó podría ascender mucho más con la aplicación de intereses