El abogado Diego Quintana presentó un amparo ante el intento del colegio religioso de Orán Nuestro Señora del Huerto, de negarse a inscribir este año a 32 estudiantes de nivel inicial, primario y secundario. Mediante una medida cautelar, la jueza en lo civil y comercial Catalina Gallo Puló, resolvió que se proceda a la inscripción provisoria de todos los estudiantes.
El letrado explicó a Salta/12 que las familias de estos 32 estudiantes, y de otra estudiante de 7 años cuyo caso ya se resolvió con anterioridad también luego de anteponer un amparo, entraron en conflicto con la institución cuando iniciaron un litigio judicial durante la pandemia en 2020, solicitando que las cuotas se reduzcan un 50%, atento a la situación especial que se vivía.
Argumentaban que la institución solo brindaba una clase de 45 minutos por día y que, en su mayoría, los demandantes habían sido afectados en sus trabajos porque eran comerciantes o gastronómicos que tuvieron que cerrar sus negocios durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
En diciembre de 2020, Quintana ya había presentado un amparo para que a más de 50 estudiantes se les garantizara la inscripción al año siguiente ya que uno de los requisitos era el libre deuda, y las familias no lo tenían.
Allí intervino la jueza Gallo Puló, y también mediante una cautelar, resolvió que se garantice la inscripción en 2021, y que esto no implicaba la suspensión del pago de la matrícula ni cuotas correspondientes al 2021, "debiendo las partes dar cumplimiento con las obligaciones que la nueva contratación prevea”.
Sin embargo, Quintana dijo que el colegio en 2021, a raíz del litigio que iniciaron las familias, se negó a cobrar las cuotas de ese año. Esa deuda, fue uno de los motivos por los que este año argumentaron que no podían inscribir a los estudiantes. "No les recibieron el pago de ningún mes. Presentaron notas solicitando que les reciban las cuotas, contestaron que era imposible", explicó. Para el letrado, el colegio quería "sacárselos de encima" a los padres y madres a los que consideraba "conflictivos" por las demandas iniciadas y por ello intentó "no renovarles la matrícula a los estudiantes".
El abogado indicó que la jueza Gallo Puló dispuso una mediación entre las familias y el colegio el 15 de marzo. Dijo que esperan que logre una conciliación, aunque "el colegio se mostró siempre reticente" y nunca tuvieron diálogo. También contó que cambió de dirección la institución educativa y esperan que las nuevas autoridades tengan mejor predisposición.
Luego de la cautelar de la jueza, el colegio cobró la matrícula a los estudiantes e hizo un plan de pago en cuotas respecto a la deuda de 2021, "la última se vence en mayo", dijo y destacó que la institución realiza el cobro "sin intereses".
Quintana indicó que el colegio con esa medida, al negar la inscripción de los chicos, vulneraba el derecho a la educación. Sostuvo que los colegios privados pueden establecer el derecho de admisión pero lo deben hacer según el marco legal, antes del 31 de octubre del año anterior al inicio del ciclo lectivo y en esta situación pretendieron hacer uso de esa medida pero ya fuera del plazo.
"En el caso de (una niña de 7 años) al padre le dicen que no le iban a renovar la matrícula en noviembre de 2021. La negativa de rematriculación debe ser un año anterior", explicó el letrado. En este caso, que se resolvió antes, el abogado también interpuso un amparo y la jueza Ana María Carriquiry resolvió que el colegio debía inscribirla. Por el caso de la niña, el letrado dijo que el padre hizo una denuncia ante el INADI y ante el Ministerio de Educación de la Provincia.
El letrado señaló que desde la institución planteaban que los estudiantes no cumplían con los lineamientos del colegio, sin especificar cuáles. "Siguen buscando el argumento de no inscribir a los estudiantes, para sacarse de encima a los padres a los que califican como quilomberos", aseguró. El abogado consideró que la institución comete un acto de discriminación. "Para el año que viene o cambian o será un litigio de nunca acabar", expresó.
"En síntesis la demandada, indirectamente y pretendiendo ejercer indiscriminada y arbitrariamente el derecho de admisión, ha menoscabado el derecho a la Educación de los alumnos privándolos e impidiéndoles a todos ellos, la continuidad y permanencia, alterando el proceso de formación educacional, social, religiosa, deportiva, emocional y moral de los menores", sostuvo Quintana en el amparo.
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