Tartagal: La médica Miranda Ruiz analiza pedir la destitución del fiscal y juez que la acusaron

Justicia 27/09/2022

El abogado Oscar Guillén, que junto a Fernanda Guillén defiende a Miranda Ruiz, la médica que fue sobreseída tras la acusación por la práctica de aborto, anunció que analiza presentar un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, y el juez de Garantías N° 2 de esa ciudad, Héctor Mariscal Astigueta.

Así lo afirmó ante Salta/12 tras la conferencia de prensa que dio junto a la médica y el equipo interdisciplinario que la acompañó al momento de realizar una interrupción legal del embarazo (ILE), según lo enmarcado por la Ley 27.610, que garantiza las interrupciones gestacionales voluntarias y legales.

La conferencia de prensa tuvo lugar en el salón auditorio del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, donde ocurrieron los hechos, y en donde la mayoría del personal, incluidos gerentes, acompañaron a Ruiz tras el proceso judicial iniciado. La profesional entendió que era entonces el mejor lugar para agradecer también ese acompañamiento.

La médica fue denunciada, detenida y encausada tras haber realizado una ILE el 24 de agosto del año pasado. El viernes último, el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación, Luciano Martini, la sobreseyó por entender que su actuación fue dentro de la Ley.

Guillén explicó que la posibilidad de una apelación al sobreseimiento solo puede ser en caso de que se eleve de manera extraordinaria ante la Corte de Justicia de Salta. Pero sostuvo que esas apelaciones solamente rigen cuando están en riesgo derechos de las personas, y no quienes representan al Estado, con lo que el fallo va camino a quedar firme.

Arbitrariedad y peligro social

Al hacer un análisis del proceso penal contra la médica, que duró más de un año, Guillén entendió que hubo organizaciones civiles que “quedaron tan sorprendidas como yo”, por el accionar de Vega y Mariscal Astigueta. Interpretó que “es tal el grado de arbitrariedad, que hay un peligro social en Tartagal” ante lo que mostró el Poder Judicial en este caso.

“Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de acompañamiento que tuvo Miranda y sufre un poder tan desbocado y tan arbitrario”, analizó el letrado al mantener la posibilidad de pedir que juez y fiscal sean sometidos a un jury de enjuiciamiento con el fin de que sean destituidos. Ratificó el juez "se asoció al fiscal y actuó como otro fiscal, en lugar de controlar cómo se hacía la investigación”.

Añadió que este largo proceso implicó el gasto de “ingentes recursos del Estado”, que podrían haber sido para “hospitales o escuelas”, más cuando la arbitrariedad se notaba a los 15 días, cuando se tuvo la historia clínica en mano.

Causas vigentes y otras por abrir

El proceso derivó en otras imputaciones contra un médico ginecólogo y un técnico, por la falsificación del certificado que se realizó tras el aborto. El ginecólogo que estaba de guardia no habría atendido a la joven gestante de 21 años que ese día accedió a pastillas sublinguales para realizarse la ILE. Cuando se produjo la expulsión, al momento de hacer el certificado, el técnico llenó el papel, pero, según dijo en la Justicia, siguiendo las indicaciones del ginecólogo. El médico dictó un índice que, por los números establecidos, indicaban que el feto estaba con vida, algo que no era cierto.

Casual o causalmente, el médico que está imputado por esa falsificación es el mismo que antes había sido denunciado por Miranda Ruiz de manera administrativa y penal, por haber realizado abortos a cambio de dinero o sexo.

Al respecto, en el documento que leyó en la conferencia de prensa, Ruiz afirmó que “la Justicia de Tartagal encubre y no persigue a algunos abusadores y profesionales, hombres que por negligencia e impericia han ocasionado daño a la vida de las mujeres, incluso con fallecimiento de las dos vidas, pero encarcela a una médica mujer comunitaria por haber participado en una Interrupción Legal del Embarazo”.

Al hablar con Salta/12, Miranda Ruiz recordó el caso de Aldana Quico, joven Wichí de 18 años que había ingresado al Hospital de Tartagal con el feto muerto a inicios de este año y no tuvo la atención que requería por parte del ginecólogo que debía atenderla, según surgió de la denuncia de los familiares de la chica, que finalmente falleció. El médico esperaba que el feto saliera a través de un “parto normal”.

“Es mucho el daño que me hicieron“, sostuvo la médica al recordar que el pasado viernes 16 de septiembre fue la última vez que se presentó ante la Fiscalía de Tartagal a firmar, pues su imputación también implicó medidas restrictivas.