En los últimos días resurgió la polémica en torno a candidatos a cargos públicos condenados e inhabilitados para ejercer la función publica que aparecen como candidatos para las próximas elecciones.
Los casos más resonantes son los del ex intendente de San Lorenzo, "Kila" Gonza quien fue condenado por dos hechos de tentativa de fraude y por peculado de trabajos y servicios, y el caso de la ex concejal de Pichanal, Paola Cantarella quien en su momento cobró el IFE. Ambos buscarán la intendencia en sus localidades.
Lo llamativo es que en las condenas, los tribunales correspondientes fijaron una inhabilitación para ocupar cargos públicos pero debido a un gris en la ley podrían presentarse igual.
En diálogo con InformateSalta el vocal del Tribunal Electoral, Pablo Finkelstein explicó que la ley 8275 establece que no podrán ser candidatos los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena.
Es decir, que para que se aplique dicha inhabilitación la condena debería ser dictada por un juzgado de segunda instancia. Para que esto suceda, el acusado o la fiscalía deben iniciar un proceso de casación para que de alguna forma la sentencia "quede firme".
Lo cierto es que de alguna forma, la ley de Ficha Limpia resulta cuestionable por su difícil aplicación ya que no importa que un juzgado de primera instancia fije una inhabilitación perpetua, si no lo hace un juzgado en segunda instancia, la persona podrá continuar con su carrera política.
Los tiempos de la justicia pueden resultar largos para una sociedad que busca justicia por actos de fraude o corrupción en general y debe esperar no sólo un fallo judicial sino dos.
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