Un cuaderno secuestrado este lunes en uno de los allanamientos por la causa de la presunta extorsión de dirigentes sociales podría ser un elemento clave en el avance de la investigación. Es porque en un primer análisis que se hizo de ese material se encontraron inscripciones manuscritas con listados con presencias en manifestaciones y entrega de mercadería a comedores.
En primera instancia, esa información iría en línea con las conversaciones de WhatsApp que las víctimas presentaron en la justicia: que para mantener el plan social había que asistir a las marchas, que se tomaban listas y que quienes no iban pasaban a la categoría de “castigados”, que podía implicar perder el plan, pagar una multa y no recibir la comida que de manera gratuita entregaba el gobierno nacional.
“Le empieza a dar un sentido a lo que aparecía más disperso en las charlas”, dijo una fuente judicial que trabaja en la investigación según publicó Infobae.
El cuaderno fue secuestrado en uno de los comedores que fueron allanados el lunes. En total fueron 28 procedimientos a domicilios, sedes de organizaciones sociales y comedores del Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), las tres organizaciones que están siendo investigadas.
Ese cuaderno forma parte de distintos elementos que fueron secuestrados. Hay más anotaciones y documentación, además de teléfonos celulares y otros elementos tecnológicos que serán peritados. El juez federal Sebastián Casanello ya ordenó que en cinco días se haga la extracción de toda la información de los teléfonos celulares.
El magistrado también ordenó la inhibición general de bienes de todos los imputados en la causa y dispuso que las cinco víctimas que declararon como testigos en la causa bajo identidad reservada pasen a integrar un el programa de protección que tiene el Ministerio de Justicia de la Nación.
Con la documentación analizada y la información de los celulares obtenidas en los tribunales creen que se podrá avanzar en citaciones a indagatoria si las pruebas obtenidas así lo marcan.
Por otra parte, la justicia también le dio intervención al Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES) para que haga una auditoría sobre cooperativas en los últimos dos años. Es porque una de las hipótesis de la causa es que parte del dinero que se obtenía de las maniobras era canalizado en cooperativas.
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