El equipo económico avanza en la confección de una reforma tributaria, que buscará simplificar el actual sistema y, a nivel nacional, podrían quedar entre cuatro y cinco impuestos nada más del los 46 existentes. Esos pocos tributos nacionales que quedarían en pie explican actualmente entre el 75% y el 80% del total de la recaudación fiscal consolidada entre Nación, provincias y municipios.
No es de descartar entonces que el Gobierno busque trasladarles algunos impuestos a las provincias, lo que el presidente Javier Milei denominó devolver “autonomía tributaria”. Esos tipos de gravámenes deberían pasar a los estados subnacionales pero, para ello, se debería firmar pactos y acuerdos.
En todo caso, la idea de simplificar y ordenar el sistema es el principio rector del proyecto que tienen en carpeta los funcionarios que trabajan en el Palacio de Hacienda, cuyo contenido se presentaría en 2025, un año electoral. El gobierno libertario necesitará mucha destreza política para llevarlo adelante estando en minoría en el Congreso.
En las últimas horas, una fundación liberal norteamericana, 1841, se hizo eco del anuncio de Javier Milei en el discurso con motivo de su primer año en el gobierno, y asumió que el equipo de Luis Caputo sigue los ejes de una propuesta que les presentaron apenas se estableció la nueva administración en la Casa Rosada.
El plan de 1841 asume que, a nivel nacional, solo serían necesarios cuatro impuestos. Un tributo a la Rentas de las Personas Físicas que abarcaría a todo tipo de contribuyentes, sean estos empleados o independientes. En este caso, desaparecería el régimen de autónomos y el de monotributistas. Todas las personas tendrán que pagar este impuesto a los ingresos.
Otro impuesto que debería quedar en pie es el Impuesto a las Ganancias de las sociedades. Se incluyen aquí establecimientos permanentes, empresas y explotaciones unipersonales, para el que se debería poder descontar gastos relacionados a la actividad comercial involucrada. Habría para estos casos un régimen especial para la reinversión de utilidades.
Por otro lado, el Gobierno debería mantener el sistema actual de seguridad social para los trabajadores en relación de dependencia, y por otro lado el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La iniciativa de 1841 plantea el posible traslado a las provincias del IVA en caso que ya no haya coparticipación, por lo que a nivel nacional se podría reemplazar por un impuesto a las ventas. Si se traslada el IVA a las provincias, estas se llevan el 56% de la recaudación y la Nación el 44%. De manera que de haber dos “IVAs” sus alícuotas deberían respetar esa proporcionalidad.
La entidad señala entonces que de acuerdo con sus cálculos en 2023, los cuatro impuestos que se proponen representaron casi el 80% del total de los impuestos recaudados en el país.
“Por lo tanto, la diferencia, sin contar con los efectos positivos de una reforma como la propuesta, sería solamente de 24,66%, o sea, u$s8,000 millones, o dos puntos del PBI del país”, plantea 1841.
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