La muerte de la pequeña Kim Gómez producto de delincuentes menores de edad, reabrió nuevamente el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad, si es aplicable o conveniente en el país.
Este debate se viene poniendo en juego desde años atrás, cuando el Gobierno nacional planteó este requerimiento, algo que se extiende hasta la gestión actual con el presidente Milei quien marcó como necesario aprobar la ley de baja.
En este sentido también se expidieron letrados y dirigentes salteños, siendo de las primeras declaraciones las del entonces Diputado nacional, Alfredo Olmedo quien señaló que reducir la edad de imputabilidad a los 14 años sería necesario, ya que “si un menor mata a alguien con un arma de fuego, dejó de ser un menor”.
Quien siguió esta línea fue Luis María García Salado, en ese momento como Secretario de Justicia provincial, quien había apoyado esta reducción a los 14 años, ya que las estadísticas mostraban un crecimiento de los hechos delictivos a esas edad, sobre todo marcado por la drogadicción. Si indicó, que el Estado con todos sus poderes, tiene que dar las herramientas para una solución de fondo.
El Secretario de políticas Penales, Pablo Alavila, había hecho hincapié en 2017 que una persona de 14 años es un niño y por ende no sería una respuesta adecuada, sino que habría que pensar un régimen de justicia penal juvenil.
Al ser considerado niño, iría en contra de los principios y convenios internacionales establecidos con rango constitucional, indicó el Defensor general de la Provincia, Martín Diez Villa, quien sostuvo que recurrir al sistema penal debería ser el último recurso proponiendo en su lugar la implementación de políticas públicas preventivas: “Tratar de cambiar realidades a partir de una ley, creo que es un verdadero error”.
“Muchos creen que bajando la edad de imputabilidad se previene, se evita o van a bajar los casos de inseguridad y delincuencia, yo creo que es una falacia” mencionó el abogado Pedro Arancibia, a su vez que señaló que los chicos deben estar sujetos a dispositivos donde se los pueda educar, reinsertar, capacitar laboralmente, apuntando a la contención y no a un lugar de expulsión o “vertedero”.
La presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, se expidió al respecto pidiendo que se tenga en cuenta el motivo que lleva a los menores a delinquir y tomar el tema como un debate más amplio pensando en el futuro de los chicos.
La Diputada provincial, Mónica Juárez, se mostró en total desacuerdo con esta baja de edad, considerándola una perspectiva inhumana e insuficiente frente al problema de la manipulación de los adultos sobre estos jóvenes, a su vez la falta de infraestructura adecuada imposibilitaría aplicarla.
Luciano Romano, abogado, dijo que para llevarse a cabo deberían existir centros especializados y personas capacitadas para la contención, con lo que hoy no se cuenta, por lo que Arancibia manifestó que si se plantea desde un abordaje educativo, formativo, de contención afectiva, con recurso especializado, habría que analizar como se haría y desde que edad.
“Como funciona hoy conforme a los establecimientos que tienen régimen militar muy parecido a lo de la Alcaldía o cárcel te diría que de ninguna manera podría ser conveniente” finalizó.
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