En el Gobierno se preparan para enfrentar una nueva marcha de jubilados. Esta vez la movilización será masiva porque, en la previa del paro del jueves, se sumarán los sindicatos de la CGT. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, no puede contener su deseo de reprimir y, más allá de que desde el Poder Judicial porteño le buscaron poner un límite a los operativos y el aseguró que es la Policía de la Ciudad la que debe ocuparse del operativo, Bullrich salió este martes a confirmar que, de todas formas, las fuerzas de seguridad que dependen de ella estarán el miércoles en las calles. Le pidió a Gallardo, además de denunciarlo, que "no se entrometa". Desde la CGT, en tanto, le respondieron a la ministra que ellos van a marchar igual y que no les importa que la titular de la cartera de Seguridad despliegue el protocolo antipiquetes.
Bullrich expresó que la Argentina "es el único país del mundo donde hay paros generales", y que esa "es una práctica que se tiene que terminar de una vez por todas". Además, confesó que los operativos dependen del tamaño de las marchas y que, cuando son masivas tiene que ponerle límites a la represión. "Si la marcha es pequeña y tratan de meterse algunos en la calle, no los dejamos", remarcó. Desde la oposición, el diputado Gabriel Solano remarcó que “la decisión de Patricia Bullrich de aplicar de hecho el protocolo anti piquete, violando el fallo del juez Gallardo. Coloca al gobierno nacional en la ilegalidad"
La pelea inició en el ámbito judicial por un amparo que presentó Alejandro Gramajo, secretario General de la UTEP, junto con Julio Piumato y Maia Volcovinsky, cosecretarios de Derechos Humanos de la CGT y secretarios de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Lo que pedían era que las fuerzas de seguridad nacionales no actúen en territorio porteño y que se garantice "la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes de la Ciudad".
El juez Gallardo aceptó el recurso y resolvió que es la Policía de la Ciudad la que deberá ocuparse de custodiar las calles el miércoles porque aseguró que de otra manera se violaría la autonomía de la CABA. El gobierno de la Ciudad, en tanto, apeló y pidió la nulidad del fallo y Patricia Bullrich, enfurecida, presentó un pedido de juicio político contra Gallardo desde el Ministerio de Seguridad. "Se está extralimitando en lo que él puede decidir", opinó la ministra sobre el juez.
El encargado de hacer la presentación fue el Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio, Fernando Oscar Soto. En la denuncia argumentan que Gallardo utilizó una maniobra de forum shopping para forzar la intervención de un juez específico, porque intervino personalmente en "horas y días inhábiles". Acusan a Gallardo de “incurrir en mal desempeño al intervenir sin competencia, forzar su jurisdicción, y obstaculizar las funciones propias del Poder Ejecutivo Nacional en materia de seguridad interior”.
Tras la jugada de Bullrich, más de 30 magistradas y magistrados del Poder Judicial de la Ciudad manifestaron su “rechazo y profunda preocupación” por la denuncia. En una nota dirigida a la presidenta del Consejo de la Magistratura de CABA, Karina Leguizamón, alertaron que “el accionar de la mentada autoridad ministerial se ha convertido en una práctica del Poder Ejecutivo Nacional, tendiente a aleccionar y condicionar la labor de la magistratura". Por esta razón, solicitaron que, “de modo urgente, rechace la aludida denuncia”.
Gallardo, en tanto, presentó una resolución en la que puntualizó que “el riesgo no era meramente conjetural ni hipotético”, ya que él se apoyaba “en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”. Y agregó que se basó en “una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública”. Sobre su competencia señaló que se trató de “una típica controversia administrativa local sobre el alcance de los deberes del Poder Ejecutivo de la Ciudad frente a hechos que afectan derechos de personas en su jurisdicción”.
En declaraciones radiales, la ministra salió a decir que este miércoles "es necesario que estemos nosotros porque hemos sido los que, a partir de la primera manifestación que hubo el 20 de diciembre de 2024 hemos puesto el cuerpo, permitiendo que la gente pueda circular en la Ciudad todos los días". De esa forma decidió, además, confrontar con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que en reiteradas ocasiones se atribuyó como un "logro" de su gestión "haber terminado con los piquetes". Bullrich, además, dijo: "hace un tiempo estamos bajo un acecho e intento de algunos de volver a copar las calles los miércoles, cosa que no han podido hacer".
En esa línea, la titular de la cartera de Seguridad transparentó que los operativos de seguridad y el protocolo antipiquetes se aplican sólo si las marchas son pequeñas. "Los operativos dependen del tamaño de la marcha, si la marcha es pequeña y tratan de meterse algunos en la calle, no los dejamos. Si es más grande, hay que ir haciendo que se ubiquen en las plazas y dejen lo más liberado posible las calles", expresó.
En la Casa Rosada mantienen la línea que siempre tuvieron con respecto a los paros y sostienen que la medida de la CGT "atrasa". Además, agregan que los paros son "una práctica de la casta". Por más que intentaron, desde Balcarce 50 no lograron frenar el paro de la central obrera.
Cerca del Presidente consideran que la represión del miércoles 12 de marzo que encabezó Bullrich en contra de los jubilados --y que dejó en grave estado al fotoperiodista Pablo Grillo-- fue desmedida e, incluso, que fue eso lo que "obligó" a la CGT a hablar de un paro general. Un encumbrado funcionario incluso evaluó que el anuncio de la central obrera es parte de "un movimiento político y una sobrerreacción producto de las circunstancias", desatadas por la represión y que, en ese escenario, hubo pocas posibilidades de convencerlos y que den marcha atrás.
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