La Unidad Fiscal Federal de Salta dictaminó un fallo contundente contra el recurso de apelación presentado por la Dirección Nacional de Vialidad, que se originó con un amparo colectivo que denunciaba el deplorable estado de la Ruta Nacional 50 y la falta de infraestructura vial en la provincia.
La justicia, a través del Juzgado Federal de Orán, ya había fallado a favor de los demandantes, y ahora, la Unidad Fiscal de Salta respalda esa decisión, ordenando a Vialidad Nacional a cumplir con las medidas de mantenimiento y finalización de obras pendientes.
La DNV había apelado la sentencia del Juzgado Federal de Orán, argumentando que la decisión carecía de fundamentación normativa, no era una derivación razonada del derecho vigente y no guardaba correlación con la prueba documental presentada.
En su defensa, Vialidad Nacional sostuvo que cumple con las tareas de conservación y mantenimiento de la RN 50, priorizando la seguridad de los usuarios y presentando informes sobre bacheos, sellados de fisuras, desmalezados, señalización y obras públicas realizadas.
La Unidad Fiscal de Salta, a cargo de Ricardo Toranzos, analizó en detalle los argumentos de la DNV y los desestimó uno por uno. En primer lugar, la fiscalía enfatizó la procedencia del amparo colectivo basándose en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que habilita esta acción ante la vulneración de derechos constitucionales de forma actual o inminente. Se determinó que el perjuicio, en este caso el mal estado de la ruta y la falta de infraestructura, es común y homogéneo para todos los usuarios, lo que justifica la acción colectiva.
En cuanto al fondo de la cuestión, la fiscalía rebatió el argumento de la DNV sobre la falta de valoración de pruebas por parte de la sentencia inicial. Se subrayó que el tribunal de primera instancia sí consideró el reclamo de más de 1300 personas, fotografías, reconocimientos judiciales y, fundamentalmente, la pericia realizada por Gendarmería Nacional. Este informe pericial, realizado en enero de 2025, constató el mal estado de la Ruta Nacional 50 en el tramo Orán-Pichanal, detallando la presencia de sectores reparados precariamente, protuberancias y baches, así como carteles de señalización obstruidos y banquinas en mal estado.
La Unidad Fiscal también hizo hincapié en que la propia DNV, en sus informes, reconoció la falta de materiales, insumos y recursos humanos necesarios para realizar las tareas de manera adecuada. Se destacó que las obras llevadas a cabo fueron provisorias y precarias, sin garantizar la seguridad vial a largo plazo, y que el material utilizado era inapropiado. La fiscalía argumentó que la alegada intromisión judicial no es tal, sino un control de legalidad ante la vulneración de derechos fundamentales como la libre circulación, la seguridad, la vida y la integridad física de los ciudadanos, citando jurisprudencia que avala esta intervención.
En consecuencia, la Unidad Fiscal Federal de Salta ha dictaminado rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Dirección Nacional de Vialidad y confirmar íntegramente la sentencia de grado. Esto implica que Vialidad Nacional deberá cumplir con lo ordenado previamente por el Juzgado Federal de Orán:
- La repavimentación de los sectores críticos de la Ruta Nacional 50 en el tramo desde la rotonda de acceso norte de San Ramón de la Nueva Orán hasta Pichanal.
- La finalización de las obras inconclusas en el acceso a la localidad de Hipólito Yrigoyen.
- La realización de obras de infraestructura vial referidas a banquinas transitables, visualización de señalización y alumbrado de la autopista hasta su traspaso a las municipalidades de Hipólito Yrigoyen y Orán.
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