Ingresaron 22 pliegos al Senado, entre ellos 5 de jueces de violencia de género

Mientras ayer el Senado tuvo un pronunciamiento de adhesión a la convocatoria nacional “#NiUnaMenos” que se desarrollará el próximo 3 de junio, en reclamo para que no haya más femicidios, se anunció el ingreso de 22 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos de jueces y fiscales.

Los mismos fueron derivados a la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones que preside el senador Jorge Soto (La Viña-PJ), con la particularidad que cinco de ellos corresponden a los cargos de jueces de violencia familiar y de género.

Para los cargos de jueces de Violencia Familiar y de Género, se proponen a los siguientes profesionales: Mónica Adriana Naranjo en el cargo de Juez de Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial del Centro, conforme a lo previsto en la Ley 7016. De igual modo se propone a Noemí Liliana Valdez en el cargo de Juez de Violencia Familiar y de Género también del Distrito Judicial del Centro.

Adriana Maidana Vega, en el cargo de Juez de Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial Orán.

Elba Susana Menéndez, en el cargo de Juez de Violencia Familiar y de Género en el Distrito Judicial Tartagal.

Y de Carmelo Eduardo Paz, en el cargo de Juez de Violencia Familiar y de Género en el Distrito Judicial del Sur Metán.

Iniciativa de Cerrano

La adhesión del Senado a “#NiUnaMenos” surgió por iniciativa de la senadora Gabriela Cerrano (PO-Capital), pero la totalidad del texto original fue desmembrada por el resto de los senadores.

El cuerpo legislativo decidió solamente aprobar el artículo primero del proyecto, mientras que los restantes artículos se transformaron en un proyecto de Resolución que se derivó a comisión.

Cerrano requería en el proyecto original que se exija al Estado provincial la persecución y desmantelamiento de las redes de trata a través del rastreo de la ruta del dinero de dichas organizaciones criminales y su incautación.

El dictado de la materia Educación Sexual Integral con orientación científica y laica en las escuelas.

La asistencia inmediata a todas las mujeres que denuncian violencia y abusos. La creación de centros asistenciales en los hospitales y colegios, atendidos por equipos multidisciplinarios. Exigir un cupo de viviendas, trabajo estable en blanco y con un salario mínimo igual a la canasta familiar para las mujeres que han iniciado expedientes por violencia y abuso intrafamiliar a ellas y a sus hijos. Además de exigir al Gobierno Provincial la derogación del Decreto 1170/12 y el protocolo de aplicación para Abortos No Punibles por ser restrictivo de un derecho fundamental, establecido por la Corte Suprema de Justicia en 2012.

Fuente: Nuevo Diario de Salta