Romero dejó a 1800 familias sin casas al quedarse con las 90 hectáreas de La Ciénaga

El 15 de julio de 1998, el ex gobernador autorizó la permuta de una deuda con 90 Ha. en La Ciénaga para que allí se construyan viviendas. Las casas nunca se edificaron, Romero se quedó con las tierras

Justicia10/04/2015

De todos los hechos de corrupción imputados al ex gobernador, Juan Carlos Romero, el más deleznable es, sin lugar a dudas, el conocido como La Ciénaga, pues no sólo refleja la trama societaria y delictiva desplegada para aprovecharse del Estado, sino también demuestra la insensibilidad del ex gobernador, pues no le importó en lo más mínimo haber dejado sin casas a 1800 familias salteñas.La causa penal que investiga este delito, calificado como peculado, tiene más de siete cuerpos, y en la caratula figuran ya catorce acusados. El primero de ellos es Juan Carlos Romero, su hijo Juan Esteban, su tía Hermelinda Romero de Ramírez, Rubén Fortuny, Carlos Abeleira, Lucas Amado, Carmen Moreno, Guillermo Dimarco, Marcelo Alejandro Zárate, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente, José Luis Agustoni y el abogado personal del ex gobernador, Alberto Raymundo Sosa.

Según lo investigado penalmente, el 5 de junio de 1998 a través del decreto Nº 1.297, Romero autorizó la adquisión de 90 hectáreas de La Ciénaga como parte de pago de la firma Import S.R.L. con el ex Banco Provincial. En el artículo 5 de ese documento se estableció que esas tierras serían destinadas al Programa de Familia Propietaria.

La operación, avalada por el ex escribano de Gobierno, Brizuela, se formalizó mediante escritura Nº 2.631, el 15 de julio de 1998, por una suma de 1.100.000 pesos, en paridad con el dólar.

Seis años después, y con la cotización del dólar a $ 2,91, la propiedad alcanzó un valor de 3.201.000 pesos. Hoy, según los valores del mercado inmobiliario, las 90 hectáreas de La Ciénaga podrían estar cotizándose por encima de los 30 millones de pesos.

Ese dinero, sin embargo, se esfumó para el estado provincial, pues las 90 hectáreas salieron de la órbita del estado por medio de un “pasamano” inmobiliario, operación que demandó el pago de un sobreprecio millonario para el erario de los salteños.

El 16 de febrero de 2004, mediante escritura pública, Romero autorizó que las tierras de La Ciénaga pasen a manos de José Luis Agustoni, por un valor de 460.000 pesos, es decir: una séptima parte de su valor de mercado.

La escribana que avaló esa transferencia fue Laura Inés Wayar, por entonces escribana de la Gobernación y adscripta a la escribanía de Brizuela. Pero esto no fue todo, pues los 460 mil pesos pagados a Agustoni, en realidad, correspondían a una parte de un pago mucho mayor, de más de un millón de pesos, por un terrenos de 11 hectáreas frente al Colegio San Pablo, en el barrio Las Leñas.

Sosa cobró el dinero

O sea que Romero entregó 90 hectáreas a cambio de 11, a lo cual se sumó el insólito pago extra de más de un millón de pesos, dinero que fue cobrado no por Agustoni, sino por el abogado personal de Romero, el letrado Sosa, quien no tuvo problemas para reconocerlo al ser indagado.

Si hasta aquí, la maniobra destella desde donde se la vea visos de ilegalidad, lo que sucedió cuatro meses después, en junio de 2004, terminó por confirmar la trama delictiva del caso, pues en esa fecha Agustoni volvió a vender La Ciénaga.

Fue el 4 de junio y la compradora fue María Cecilia Pérez de la Fuente, escribana y allegada a Brizuela. La venta se hizo a comisión para otra empresa y por la exigua suma de 100 mil pesos. En esta operación volvió a participar la escribana Wayar.

Cinco años más tarde, el 19 de noviembre de 2009, las 90 hectáreas de La Ciénaga pasaron al patrimonio de Estancia El Carmen S.A, una de las empresas más importantes de la familia del ex gobernador. Su hijo, Juan Esteban Romero, fue por varios períodos director de la sociedad e incluso el domicilio de esta empresa es el mismo que Horizontes S.A., la editora de El Tribuno.

Para quedarse con esas tierras, Estancia El Carmen SA pagó 100 mil pesos, operación que fue avalada por el escribano Brizuela. De esta manera, Romero y el resto de los acusados sacaron del estado provincial las 90 hectáreas.Desde 1998, cuando este terreno ingreso al estado provincial, hasta el año 2009, cuando pasó a manos de los Romero, pasaron once años. La razón de tanta espera no se centró solo en el pago de un sobreprecio millonario, sino en el hecho de que esas 90 hectáreas se hallaban en el corazón de un fastuoso proyecto inmobiliario del ex gobernador.

Es que a través del ingeniero, Gilberto Oviedo, su ex ministro de Producción, Romero sería dueño de 800 hectáreas más que rodean las 90 que habían sido adquiridas para la construcción de viviendas sociales, tal como se había establecido en el decreto que autorizó la adquisición de esas tierras.

Ello nunca sucedió, pues Romero tenía otro destino y un plan mucho más ambicioso, aunque no para los salteños sino para su propio entorno familiar: un “mega complejo” de chalets y barrios privados destinados sólo para aquellos con un mayor poder adquisitivo.

Para ello, la posibilidad de que en ese terreno emerjan viviendas sociales era inadmisible, por lo que se debió recurrir a esta complejo entramado de sociedades para apoderarse de las 90 hectáreas, en las cuales se podían haber construido un total de 1.800 viviendas, según una pericia realizada en el marco de la causa penal.

En su promoción penal, la ex agente Fiscal penal 2, María Inés Loyola, que “las tierras inicialmente compradas por el Estado con destino a familias de escasos recursos (…) terminaron en poder de la empresa “Estancia El Carmen”, cuyo presidente era el hijo del ex gobernador, Juan Esteban Romero”. Y tras un serio análisis contable, aseguró que Romero simuló “una cadena de adquirentes”, lo que permitiría “establecer que el objeto de la maniobra fue beneficiar a su hijo”. Para ello, Romero no tuvo reparos en dejar a 1.800 familias salteñas sin su casa propia.

Fuente: www.informatesalta.com.ar