Confirmaron el procesamiento contra los ex funcionarios de Romero

Los jueces de la Sala II del Tribunal de Impugnación, Edgardo Albarracín y Adolfo Figueroa, confirmaron el 29 de septiembre los procesamientos por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública de la ex ministra de Educación, María Ester Altube, el ex coordinador de Bibliotecas, Miguel Cáseres, el ex director administrativo, Diego Larrán Solá y el propietario de Plumada SA, Daniel Moreno.

Los ex funcionarios habían sido procesados por el ex juez de transición I, Esteban Dubois, el 20 de noviembre de 2013, a partir de una promoción penal impulsada por la fiscal penal de Transición, María Inés Loyola, quien primeramente cuestionó con éxito el sobreseimiento que el ex juez de instrucción formal, Martín Pérez, con estrechos vínculos con el romerismo, había dictado a favor de los acusados.

El 8 de mayo de 2013, la Sala II del Tribunal de Impugnación, la misma que ahora confirmó el procesamiento de los ex funcionarios romeristas, fue la que revocó el sobreseimiento resuelto por el juez Pérez, quien fue apartado de la causa.

Posteriormente, el juez Dubois resolvió procesar a los acusados por la contratación ilegal de Plumada SA, realizada en tiempo record y a meses de que el ex gobernador, Juan Carlos Romero, sospechado de ser el verdadero dueño de la empresa involucrada, abandonara el cargo de gobernador.

Altube, Cáseres, LLarán Solá y Moreno fueron imputados de haberse complotado para llevar adelante la contratación de Plumada, sin respetar los pasos administrativos legales para una operación de dicha dimensión, estimada en más de 3.300.000 pesos, de los cuales se incluyó en el contrato un pago adelantado del 30 %.

En su fallo, y a partir de las falencias y pruebas señaladas por la fiscal Loyola, el juez Dubois procesó a los acusados por su accionar delictivo a favor de la empresa, y en contra de los intereses del Estado Provincial con una contratación no sólo leonina, sino también irregular por no haber sido licitada.

Para los jueces, la contratación de Plumada SA fue apresurada, estaba plagada de irregularidades y contenía demasiados puntos oscuros. Asimismo, indicaron que la operación violó de manera flagrante el sistema de contratación del Estado, puesto que no se realizó una nueva licitación, como lo exigían las normales vigentes. A partir de este fallo, se espera ahora que la causa, demorada en más de un año y cuatro meses, llegue rápidamente a juicio, paso que, según se sospecha, los acusados pretendieron adormecer a través de una maniobra, en la cual el juez Albarracín, sospechado de tener vínculos con el sector de Romero, quedó implicado.

Albarracín retuvo el expediente por un año y cuatro meses

Posteriormente, los imputados, a través de sus abogados defensores, plantearon las apelaciones, las cuales terminaron de acumularse el 18 de febrero de 2014, tras lo cual, el 22 de mayo de ese año, la causa volvió a los jueces Albarracín y Figueroa, de la Sala II de Impugnación.

En vista de que estos jueces ya conocían el contenido de la causa, se esperaba que los cuestionamientos planteados por las defensas sean resueltos rápidamente, sin embargo y según lo revelado por el sitio digital El Intransigente, el expediente habría sido cajoneado por el juez Albarracín por un año y cuatro meses.

Resulta que la causa se hallaba en manos de Albarracín, a fin de que confeccionara su voto, al que luego Figueroa se iba a adherir, como sucedió, aunque para ello, Albarracín se tomó 16 meses y no lo hizo hasta después de que las acusaciones en su contra se hicieron públicas.

El 29 de septiembre pasado, Albarracín y Figueroa resolvieron confirmar el fallo que procesó a los ex funcionarios romeristas por corrupción. Los magistrados, en un fallo que demandó solamente cuatro hojas coincidieron en todo con el análisis y decisión del juez Dubois.

La excesiva demora del juez llamo la atención, tanto por la trascendencia que recobro el caso Plumada SA en los últimos días al ser mencionada como una de las tantas contrataciones irregulares realizada por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri.

Fuente: Nuevo Diario de Salta