Con su mansión embargada, Romero teme que la Corte Suprema ordene su enjuiciamiento

El senador nacional por Salta estaría en la lista de ex funcionarios, tanto nacionales como provinciales, que incurrieron en maniobras fraudulentas para enriquecerse a costa del Estado.

Justicia 11/02/2016

La postura del gobierno nacional de llevar a todo ex funcionario a rendir cuentas ante la Justicia, órgano que a su vez parece caminar sobre el mismo carril tiene más que preocupado al ex gobernador, Juan Carlos Romero, pues, casualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía tiene entre sus resoluciones pendientes, el litigio de competencia en la causa conocida como “el hangar”.

En esta causa, una de la decena que tiene Romero por delitos de corrupción en perjuicio del estado provincial, el ex gobernador está acusado junto a su hijo, Juan Esteban Romero, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la administración pública.

La acusación surgió a partir de una sesión de la Cámara de Diputados, en la cual se dejó traslucir detalles de una cesión gestada en los últimos meses de gestión del ex gobernador, en la cual se terminó por ceder en comodato un hangar de la Dirección de Aviación Civil de la Provincia a la empresa Finca La Represa SA, presidida en ese entonces por el hijo de Romero.

La maniobra, si bien comenzó a gestarse en agosto de 2007, se concretó en noviembre de ese mismo año, días antes de que Romero concluya su mandato. La cesión consistía en la entrega del hangar por un período de 20 años, sin que la Provincia reciba ningún beneficio económico por ello.

El único compromiso fue el de gozar de las ampliaciones que la empresa realizaría, hecho que tampoco podría suceder en razón de que la Provincia debe devolver dicho predio al Estado Nacional casualmente una vez cumplido los 20 años.

Al investigar la acusación, el ex fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, descubrió que la empresa Finca La Represa SA, en realidad, era controlada por otra sociedad: Avión Sur SA, cuyo accionista mayoritario no era otro que el propio ex gobernador Romero.

En vista de ello, en noviembre de 2013, después de un extenso proceso penal, en el cual Romero puso todo tipo de trabas, el fiscal elevó la causa a juicio, pues está por demás probado que Romero actuó de manera ilegal a auto adjudicarse el hangar, el cual aún mantiene entre sus bienes con el único objetivo de resguardar allí sus aeronaves.

A juicio

En vista de ello, el fiscal mandó a juicio a Romero, su hijo, Juan Esteban, al ex director de Aviación Civil, Ricardo Funes y al ex secretario General de la Gobernación, Raúl Romeo Medina, quienes participaron de la maniobra orquestada por el ex gobernador.

Dado que el pedido de juicio fue confirmado por el juez de Garantías, Héctor Martínez, y ante la proximidad de un juicio en su contra, Romero presentó un pedido al juez federal, Miguel Medina, cuya carrera judicial promovió desde un inicio, como así también la de su esposa, Ana Silvia Acosta, a fin de que asuma la competencia de la causa del hangar.

Medina, quien le debe su puesto al ex gobernador, accedió e insólitamente presentó un planteo para que la causa sea derivada a su juzgado, no obstante, el fiscal federal, Ricardo Toranzos, dictaminó en contra de ello, como así también el juez Martínez rechazó esa posibilidad.

La maniobra fue suficiente para provocar un litigio de competencia, diferencia que en octubre de 20145 fue a parar a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin que hasta el momento se haya expedido al respecto.

A partir de diciembre pasado, sin embargo y a partir del resultado de las elecciones presidenciales, el panorama político cambió en la Argentina, como así también la Corte Suprema quedó sin la cantidad suficiente de miembros, falencia que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, pretende solucionar con la remisión de dos candidatos, cuyos pliegos serán ahora motivo de tratamiento por parte del Congreso Nacional.

La complicación para Romero se agudiza debido a la firme postura y exigencia del electorado de llevar a juicio a los ex funcionarios que incurrieron en delitos de corrupción, tanto a nivel nacional como provincial, siendo Romero uno de los principales exponentes en la lista de ex funcionarios que se enriquecieron a costa del Estado.

A ello se suma la postura reciente que adoptó la Corte Suprema de Justicia en pleno al momento de revertir un fallo de la Corte de Justicia de Salta, en el cual se favorecía al ex intendente, Sergio “Topo” Ramos, de Rosario de Lerma, con la prescripción penal en la denominada causa de los Intendentes, un caso emblemático de corrupción estatal.

Este fallo es considerado un indicativo de que la Corte Suprema busca que los ex funcionarios sean juzgados por los hechos de corrupción, por lo que se deduce que en el caso de Romero, el máximo tribunal podría fallar de manera adversa y con ello permitir que la justicia provincial avance con el primer juicio en su contra por corrupción.

A ello se suma, entre otras pálidas para Romero el embargo judicial que pesa sobre su gran mansión, ubicada en Castellanos. La medida se dispuso en el marco de otra causa penal que la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos sigue en contra del ex gobernador, en este caso por el delito de “enriquecimiento ilícito”.

Fuente: Informatesalta