Deuda: 30 de julio será la nueva fecha límite para llegar a un acuerdo

Si bien el viernes vence el plazo para evitar el default, la nueva fecha límite para alcanzar un acuerdo con los acreedores se extenderá al 30 de julio. De esta manera, el ministro de Economía, Martín Guzmán, tendrá otros dos meses para evitar que el país caiga efectivamente en default.

Según el cronograma de compromisos financieros con deuda emitida fuera de la jurisdicción local, en mayo no hay vencimientos de este tipo, con lo que el panorama hasta fines de junio está despejado. Los tiempos se acelerarán recién a fines de junio. El 30 del próximo mes, según el listado de vencimientos bajo jurisdicción de Nueva York, habrá que liquidar unos u$s566 millones correspondientes a uno de los vencimientos habituales del Discount en dólares. Si se tiene en cuenta que se puede especular con el reglamentario período de gracia de 30 días hasta que efectivamente se concrete el default, el plazo definitivo se corre al 30 de julio.

Guzmán y los acreedores tienen que ponerse de acuerdo en torno a cómo se distribuirán las pérdidas por unos 7.000 millones de dólares, el dinero que separa las ofertas y contraofertas. 

Estos dos meses y 10 días servirán para que cada capítulo a discutir (quita de capitales, nivelación de intereses, pagos de cupones, legislaciones de salvaguarda, etc), puedan ser debatidas con mayor tranquilidad.

Según consigna el periodista Carlos Burgueño en Ámbito Financiero. la fecha límite será el 30 de julio. Esa será la última oportunidad que tendrá Guzmán para evitar el default y los juicios contra el país en los tribunales de Nueva York. El diseño de los Discount que vencen en junio y cuyo plazo de gracia de pago termina en julio, señala que si el país no paga, los acreedores tienen 100% habilitada la posibilidad de avanzar en juicios por miles de millones de dólares contra el país en el juzgado de Loreta Preska. 

Casi toda la deuda a renegociar emitida durante el gobierno de Mauricio Macri incluye una cláusula "antibuitre" que dificulta y traba la posibilidad de avanzar en un juicio contra el país, aún en default. Para poder litigar ante una situación de deuda impaga, y si los bonistas quisieran avanzar en litigios, no lo podrían hacer hasta después del vencimiento de los títulos; ni ejecutarlos de manera individual, sino de manera colectiva.

Además, y según la misma cláusula, si se avanzara en un juicio individual, en el caso que el acreedor triunfara, el dinero que reciba deberá coparticiparlo en el resto de los tenedores de deuda que también se hayan presentado en el litigio. Así, solo si todos los tenedores de esa deuda se presentaran a reclamar en el tribunal de Preska, recibirían el 100% del dinero que reclaman. Ante este panorama, sólo un default generalizado justificaría la apertura de los tribunales para reclamar por la deuda emitida desde el 2016 en adelante.

No es el caso de los Discount y de toda la deuda lanzada durante el gobierno de Néstor Kirchner luego del default de 2001. Como la Argentina comprobó durante el “juicio del siglo” contra los fondos buitre, no hay cláusula o salvaguarda en la emisión de toda esta deuda que proteja al país de los juicios inmediatos en los tribunales del segundo Distrito Sur de Nueva York.