Gasoducto GNEA: Pidieron declarar culpable al ex intendente de Aguaray

En una audiencia celebrada ayer, el fiscal Eduardo Villalba, en su alegato ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Salta,  ratificó su acusación contra funcionarios públicos y empresarios por la sustracción de materiales para la provisión de gas natural.

Entre los acusados se encuentra el ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado. Villalba afirmó que los acusados, “se robaron los caños” y que esto fue descubierto gracias a la investigación desarrollada por las Fiscalías Descentralizadas de Tartagal y Orán.

Durante el juicio por el robo de caños, Prado dijo que es un "perejil"

Durante su exposición, el fiscal solicitó que se declare responsable de los hechos a Prado y al titular de OSYP S.A, Diago Alos, como autores de defraudación a la Administración Pública y robo agravado, por ser cometido en despoblado y en banda, de 228 caños, que se encontraban en los parajes “Tonono” y “El Desemboque”.

También consideró a diversos empresarios como participes necesarios a Adrián Vera, como autor de robo agravado y uso de documento falso. Además requirió que al gerente de la empresa COMARFIL S.A, Matías Rossi, se lo declare culpable de encubrimiento real agravado en calidad de autor.

El representante del Ministerio Público Fiscal, fundamentó la acusación señalando que el saqueo de los caños fue realizado antes de que el ex intendente Prado impulsara la resolución municipal Nº1215, utilizada para encubrir la sustracción de 67 caños de la red del Gasoducto GNEA. Esta resolución establecía la desafectación de caños, en el marco de un proceso de saneamiento ambiental.

Entre los testimonios brindados en el juicio, se destacó la de un empleado municipal, quien se refirió a un mensaje enviado por Prado para que trabaje en la resolución, la que necesitaba para que sea llevada “en el camión”. Esto evidencia el apuro que tenían Prado y Alos para contar con el instrumento.

También se sostuvo que el documento municipal fue firmado por Prado y Céspedes el 23 de diciembre de 2019, y estaba dirigida a desmantelar una planta ubicada en la finca Ñacatimbay, lo que se frustró gracias a la resistencia del administrador de la propiedad. Por esto debieron modificar la resolución y dirigirla a la red del Gasoducto GNEA. El fiscal general recordó que la obra estaba dirigida a beneficiar a cinco provincias con gas proveniente de Bolivia, siendo el tramo de Salta el único que no pudo ser cumplido en tiempo y forma.